El intercambio de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, puso en riesgo grandes proyectos ferroviarios en la región, en particular el llamado tren de acceso al Valle del Cauca y el llamado Ferrocarril del Pacífico (corredor BuenaventuraYumbo). Este choque político revela profundas tensiones entre la región y el país y representa una lucha por priorizar el trabajo estratégico.
El contexto del conflicto
El 8 de noviembre de 2025 vencía el plazo para que el gobierno nacional firmara un convenio para financiar la construcción de un tren de acceso, necesario para iniciar las obras que conectan la ciudad de Cali con municipios como Jamundí, Palmira y Yumbo. Sin embargo, la firma no se produjo. El gobierno del Valle ya había asegurado el 30% de los fondos a plazos futuros, mientras que el 70% restante -que según el gobierno regional equivale a casi 12 mil millones de pesos- tenía que provenir del gobierno nacional.
Presidente Petro, a través de su cuenta en redes sociales
En respuesta, el gobernador Toro acusó a Petro de proponer «una venganza política contra el pueblo vallecaucano ante la posición libre y autónoma del Congreso de la República. Usted representa la unidad nacional y con sus decisiones la está rompiendo». Trylem añadió: «Gracias por nada, presidente, qué pequeño es el suyo».
Proyectos en cuestión
1. Tren de cercanías al Valle del Cauca
Este proyecto tiene como objetivo conectar Cali con Jamundí, Palmira y Yumbo a través de un sistema ferroviario ligero y eléctrico, un esfuerzo clave para mejorar la movilidad regional, reducir los tiempos de viaje y crear empleos. Las entidades regionales ya firmaron los términos futuros (30%), pero la Nación aún no completa su cofinanciamiento del 70%.
2. Ferrocarril del Pacífico (Buenaventura–Yumbo)
El gobierno nacional considera prioritario este corredor, argumentando que el acceso al mar desde Buenaventura es clave para la competitividad logística del país. Petro señaló que la ruta “dinamizará una economía productiva y el bienestar de toda la población del Valle del Cauca”. Sin embargo, el voivoda aseguró que el proyecto «ni siquiera cuenta con estudios técnicos y no puede financiarse», cuestionando su viabilidad.
Caminos de conflicto
- Inconsistencia percibida: Toro afirma que el gobierno de Petro no cumplió sus promesas electorales hechas en el Valle del Cauca al no firmar el acuerdo para cofinanciar el tren interurbano.
- Desconfianza política: El presidente considera que la composición del Valle del Cauca obstaculizó la implementación de normas de financiamiento, lo que le autoriza a cambiar prioridades. Toro interpreta esto como un castigo político para la región.
- Centralismo y autonomía regional: El enfrentamiento pone de relieve la tensión entre las decisiones del gobierno central y los intereses de los gobiernos departamentales.
- Impacto social y económico: Los retrasos en el trabajo de movilidad están relacionados con la pérdida de empleos, la congestión del tráfico, la mala movilidad y la pérdida de competitividad regional. Por ejemplo, Toro afirmó que por el aplazamiento se podrían perder 5.000 puestos de trabajo en Jamundí.
Posibles consecuencias
- Un resurgimiento del clima político: Este choque podría debilitar el apoyo de la región al gobierno nacional y endurecer la oposición local en los próximos procesos electorales.
- Retraso en el trabajo: Si la cofinanciación no se firma pronto, el tren alimentador podría posponerse al menos un año más, retrasando los beneficios en términos de movilidad, empleo y reducción de emisiones.
- Desigualdad regional: Dar prioridad al corredor nacional puede crear una percepción de abandono regional, ampliando las brechas de desarrollo.
- Unificación de programas de infraestructura: Esto puede resultar en una reevaluación de qué proyectos son apoyados por la Nación y bajo qué condiciones participan los territorios.
Solicitud
Lo que parecía una firma técnica del proyecto de movilidad se convirtió en un episodio de tensión política que muestra el delicado equilibrio entre el gobierno nacional y las regiones de Colombia. La gobernadora Dilian Francisca Toro y el presidente Gustavo Petro están envueltos en un enfrentamiento que pone en duda no sólo el proyecto de infraestructura, sino también la credibilidad de los compromisos, la autonomía regional y el desarrollo futuro del Valle del Cauca. En medio de la retórica de la «venganza política» y las prioridades nacionales, los ciudadanos y las empresas del suroeste de Colombia continúan esperando que las pistas del progreso sigan el rumbo.
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