El mayor compromiso de la Alcaldía de Tunja en materia de infraestructura sigue sin concretarse en el territorio. se trata de Acuerdo Intergubernamental 1767 a partir de 2025suscríbete al valor $15.076 millonesdestinado a la intervención de vías, instituciones educativas, parques públicos y centros comunitarios en diferentes zonas urbanas y rurales del municipio.
El contrato fue firmado con Empresa promotora de suelos Don Matías SASentidad que no realiza directamente el trabajo, sino que actúa como gestor delegado de los recursos, con facultad de subcontratar empresas encargadas del suministro de maquinaria, personal y ejecución técnica.
La discusión central se centra en modelo de ejecución contractual. Bajo esta modalidad, la alcaldía no administra directamente las áreas del proyecto, sino que desempeña un rol de supervisión ante el administrador, mientras que Don Matías SAS mantiene la supervisión operativa y contractual con terceros.
Esta situación se destapó luego de un esfuerzo de conservación y varias demandas ciudadanas, que obligaron a Oficina de Infraestructura Regional para especificar su responsabilidad. En su respuesta oficial, el organismo admitió que las inspecciones in situ no son responsabilidad directa del municipio, sino de la empresa asignada.
A este panorama se suma suspensión de contrato a partir del 26 de diciembre de 2025decisión justificada por el alcalde debido a perturbaciones imprevistas en las redes de servicios públicos. La suspensión congeló el plazo de implementación y al mismo tiempo impidió el inicio de sanciones por posible incumplimiento.
El acuerdo cubre cuatro áreas principales de inversión: infraestructura vial y peatonal, centros comunitarios, instituciones educativas y parques. Uno de los puntos más sensibles es el artículo correspondiente. costos administrativos y de gestiónes equivalente a 4,5% del valor totalcasi $648 millonesencomendó a Don Matías SAS la gestión del contrato.
En los anexos técnicos se detallan los barrios, vías, tramos y sedes educativas a intervenir, así como la cantidad de obras y actividades especiales. En el aspecto educativo, algunas instituciones incluso cuentan con un plazo legal favorable para adaptaciones eléctricas, estructurales y de climatización. Sin embargo, ninguna de estas intervenciones ha pasado del papel a la práctica.
La reactivación del contrato y las decisiones del comisario determinarán si esta inversión millonaria finalmente se materializará en obras visibles para la ciudad.
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