El gobierno de Gustavo Petro ha tomado una decisión significativa en relación con la situación actual del conflicto armado en Colombia. En un anuncio realizado el jueves 17 de abril de 2025, se confirmó que la suspensión bilateral de las hostilidades no se extenderá para incluir a los actores armados de la oposición de las FARC, específicamente a los grupos bajo la dirección de Alexander Díaz Mendoza, conocido como ‘Calarcá’. Este movimiento ha suscitado diversas reacciones en los medios y entre los analistas políticos, ya que podría influir en la estabilidad del proceso de paz en el país.
La noticia fue formalmente presentada a través de una carta enviada al Secretario General del Consejo de Paz. Esta carta se enmarca dentro de un contexto más amplio de diálogo que el gobierno ha mantenido con diferentes sectores de la sociedad, incluyendo actores armados. Según declaraciones del representante Camilo González Posso, el gobierno quiere dejar claro que, a pesar de la decisión de no extender la suspensión del fuego, las negociaciones aún están en proceso y no se han dado por terminadas.
Es importante resaltar que el documento emitido por el gobierno también menciona específicamente que «un alto el fuego bilateral y temporal no se extenderá con respecto a los residentes civiles (CFBTRPC)», lo cual marca un cambio en la estrategia de manejo del conflicto. Esto indica que el gobierno ha decidido reactivar las acciones de arresto contra los miembros de la estructura armada de las FARC que están alineadas con ‘Calarcá’. Esta decisión podría ser interpretada de varias maneras; algunos analistas sugieren que refleja una postura más dura del gobierno frente a la criminalidad, mientras que otros advierten que podría tensar aún más las relaciones con los grupos armados que buscan negociar.
El trasfondo de esta decisión también implica un contexto de presión tanto interna como externa. Con el avance de las conversaciones de paz, muchos actores políticos han expresado su preocupación sobre cómo la falta de confianza puede poner en riesgo los logros alcanzados. En este sentido, existe el temor de que la reactivación de los arrestos y la inestabilidad en el cese al fuego bilateral puede repercutir en la percepción que tiene la sociedad colombiana sobre el compromiso del gobierno con el proceso de paz.
El camino hacia una paz duradera en Colombia es complejo, y las decisiones que toma el gobierno de Petro en este contexto son críticas. La comunidad internacional también observa de cerca este proceso, y la manera en que se maneje la situación con la FARC, tanto los grupos en negociación como aquellos que operan al margen de la ley, podría tener repercusiones más amplias en la seguridad regional.
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