Este martes fue aprobado en el primer debate, en la Séptima Comisión de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que busca crear subvenciones de transporte para estudiantes de derecho que llevan a cabo sus poderes judiciales en los organismos públicos. La propuesta, dirigida por la Asamblea de Boyacense, Héctor Chaparro, tiene la intención de aliviar la movilidad de aquellos que enfrentan un nivel exigente en su capacitación profesional sin recibir ninguna remuneración.
Citación
Chaparro dijo, al defender la iniciativa, que «el objetivo de este proyecto es claro: que ningún estudiante tiene que abandonar su carrera o posponer su graduación por no tener cómo pagar los costos de transporte de sus ejercicios». Agregó que la medida de los esfuerzos para igualar el acceso a las oportunidades entre los que participan en la ley y los estudiantes de otros trabajos que ya tienen un apoyo similar.
Se estima que la política beneficiaría a más de 18,000 estudiantes al año, quienes, en palabras del representante, no solo contribuirían a reducir el abandono de la universidad en este campo, sino también a fortalecer los servicios públicos para habilidades públicas jóvenes, fabricadas y técnicamente preparadas.
Retirada
Aunque la propuesta fue bien recibida, no había voces importantes que preguntaran por qué solo situaciones que han afectado a miles de estudiantes, especialmente estratos bajos. La naturaleza no remunerada del poder judicial ha sido la causa de las quejas repetidas, al observar una barrera de planificación para la utilización justa de la ley.
Ahora el texto debe ser superado por su camino a través del MP en la cámara, un ejemplo en el que Chaparro espera obtener un apoyo mayoritario. En su opinión, la aprobación del proyecto sería de antemano hacia la educación con la justicia social, donde «los servicios de mérito y llamadas no dependen del título económico social del estudiante».
Aunque el camino legislativo es correcto al comenzar, la iniciativa abre la discusión necesaria de situaciones en las que miles de jóvenes se ven obligados a satisfacer las demandas académicas dentro de la reserva económica. A pesar de ser aplaudida, la propuesta también revela la deuda histórica del estado, que, incluso en la capacitación, ya sirven a la justicia.
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