El ministro de Villavicencio, Gustavo Basto, ha hecho pública una queja que ha suscitado una gran inquietud entre los líderes comunitarios y los residentes de áreas que no tienen una formalización adecuada. Según Basto, el actual gobierno local, liderado por el alcalde Alexander Baquery, ha interrumpido de manera significativa el proceso de legalización de esas comunidades. A día de hoy, a pesar de haber transcurrido 15 meses desde el inicio de su mandato, ninguno de los distritos ha conseguido obtener una legalización oficial. Más del 50% de las áreas urbanas en Villavicencio todavía se consideran irregulares, lo que representa un gran obstáculo para el desarrollo local.
Queja
Actualmente, Villavicencio cuenta con 531 vecindarios, de los cuales 246 carecen de un estatus legal. Esta situación limita el acceso de miles de familias a beneficios fundamentales, como la inversión pública en infraestructura, la provisión de servicios básicos e incluso la obtención de títulos que les permitan realizar mejoras en sus comunidades. En respuesta a esta problemática, el Ministro Basto, acompañado por su equipo, se acercó al Registro Nacional con el objetivo de iniciar la recolección de firmas que les permita solicitar la realización de consejos abiertos. Esta iniciativa busca no solo activar la participación ciudadana, sino también ejercer presión institucional con el propósito de reactivar el proceso de validación que es tan crucial para el bienestar de estos sectores.
«La situación es francamente lamentable. Este gobierno parece no tener interés alguno en proporcionar condiciones de vida dignas para aquellos que residen en vecindarios que carecen de legitimidad», expresó Basto, subrayando la urgencia del asunto.
Informe
Según el informe final entregado por la oficina del alcalde de Villavicencio, los procedimientos administrativos necesarios para la validación de estos distritos ya se habían puesto en marcha anteriormente. Estos procedimientos incluyen cuatro componentes críticos: la validación de los asentamientos, el grado de fiscalización, el gobierno y la oficina de fortalecimiento institucional que se encarga de llevar a cabo estos procesos.
Beneficio
La validación de los vecindarios aporta una serie de beneficios significativos. Permite al gobierno local realizar inversiones en infraestructura que son fundamentales para el desarrollo de estas comunidades, como la construcción y el asfaltado de carreteras, la creación de áreas verdes y la ampliación de los servicios públicos. Además, brinda a las comunidades la oportunidad de acceder a planes estatales, gestionar recursos y participar activamente en proyectos de desarrollo urbano. Esto no solo fomenta el crecimiento económico, sino que también mejora la calidad de vida de sus residentes, promoviendo un entorno más saludable y sostenible para todos.
35
