El Tribunal de Capital de Tolimense ha emitido un fallo significativo que ha llevado a la imposición de sanciones contra la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera. Esta decisión incluye un arresto de cinco días y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales actuales, tras considerar que hubo un menosprecio hacia la autoridad judicial. Este menosprecio se manifiesta en la negativa de la alcaldesa a acatar el fallo del Tribunal Constitucional, que se pronunció a favor del derecho fundamental de acceso al agua potable.
La resolución en cuestión fue dictada por los sextos tribunales civiles de Ibagué. En su análisis, se llegó a la conclusión de que la administración municipal no cumplió con lo establecido en el Tribunal T-476 de 2019. Este fallo constitucional había indicado claramente la obligación del municipio de asegurar un suministro de agua potable no solo para Leonel Alcides Hoyos Gómez y su familia, quienes residen en la propiedad residencial Alminar Samoa, sino también para toda la comunidad que necesita de este servicio esencial.
Es importante recordar que, en octubre de 2019, el tribunal había solicitado que el Ayuntamiento y la operación comunitaria del barrio de El Triunfo presentaran un plan integral. Este plan debía contemplar las garantías necesarias para asegurar el acceso a servicios de agua y alcantarillado, además de incluir plazos específicos, apoyo financiero, y la participación activa de los ciudadanos en el proceso. Sin embargo, más de cinco años después de esta orden, se evidencian todavía serias deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el tribunal.
Evidencia
A pesar de que IBAL, el Instituto de Bienestar y Agua de Ibagué, ha firmado varios contratos y ha implementado un sistema de bombeo, la situación sobre el terreno cuenta una historia diferente. La comunidad ha presentado testimonios y ha compartido un video que muestra el desbordamiento de alcantarillado, lo que resulta un claro indicador de que el suministro de agua no es estable y que las fallas en el servicio son un problema recurrente. La corte tuvo que considerar que la orden judicial existente no se había cumplido, lo que llevó a este nuevo pronunciamiento judicial.
La administración municipal ha tratado de desviar la responsabilidad al mencionar que varios secretarios han sido nombrados para manejar el problema desde 2024, como se indica en el documento 1000-0610. Sin embargo, el juez Carlos Andrés Villada Arbeláez ha subrayado que la responsabilidad última continúa recayendo en la alcaldía y, por lo tanto, en la alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera.
Las sanciones impuestas también prevén que se remita el caso a un tribunal civil para que se revise la legalidad de la decisión. Además, la oficina de la alcaldesa ha sido nuevamente instada a cumplir con las obligaciones de protección de derechos fundamentales. El juez dejó constancia de la reticencia de la administración a responder a múltiples convocatorias de los tribunales durante un periodo prolongado, lo que ha generado inquietudes sobre su compromiso con el bienestar de la comunidad.
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