Asesinato Jaime Esteban Morenoestudiante de la Universidad de los Andes, a un incidente ocurrido la madrugada del 31 de octubre luego de las celebraciones de Halloween en Bogotá, desató una ola de reacciones de la ciudadanía, tribunales y academia. Las autoridades investigan el ataque, a raíz del cual -según registros preliminares y videos de vigilancia- un joven fue atropellado en la vía pública, lo que le provocó un grave traumatismo craneoencefálico y posterior muerte en un centro médico. La policía detuvo a varias personas implicadas en el caso y la fiscalía inició una investigación sobre un asesinato con especial crueldad.
En el proceso penal que enfrenta Juan Carlos Suárez OrtizUno de los acusados del ataque, la defensa presentó argumentos sobre su trayectoria académica y socioeconómica. Durante audiencias y ante los medios, el abogado César Augusto Londoño señaló que Suárez obtuvo el mejor puntaje del ICFES en Bogotá en 2016 y que fue beneficiario del programa estatal Ser piloto vale la penaun mecanismo de becas creado hace muchos años para facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes de alto rendimiento. Esta explicación es parte de una estrategia de la defensa para contextualizar al imputado y exigir medidas distintas a la prisión preventiva, como evidencia de su formación y experiencia.
Medios que siguen el caso también informan que Suárez estuvo estudiando en la Universidad de los Andes hasta 2023 y, según la defensa, está cerca de obtener una doble titulación (ingeniería mecánica e industrial). La defensa anunció la presentación de carnés universitarios, certificados y premios académicos para respaldar su narrativa. Por su parte, la universidad emitió comunicados institucionales sobre el deceso y cooperó con las autoridades para verificar la información académica.
Sin embargo, la carga probatoria del juicio se basa en los materiales recabados por la Fiscalía: grabaciones de vídeo, testimonios y un dictamen médico que documenta la gravedad de las lesiones. Testigos y grabaciones publicadas por la prensa muestran que varias personas -según versiones oficiales, al menos un hombre y dos mujeres- participaron o alentaron el ataque. La existencia de material audiovisual y testimonios de testigos fortalece la acusación contra Suárez, pese a los argumentos de su defensa sobre su perfil académico.
El caso también generó debates sobre la seguridad en los espacios de fiesta, las inspecciones en las discotecas y la responsabilidad de las personas que presencian agresiones. Algunas versiones periodísticas se centraron en el lugar donde se produjo el enfrentamiento -reportado como el bar «Antes del Club»- y en la necesidad de esclarecer si la noche del incidente habían fallado los protocolos de seguridad y control de acceso. Las autoridades locales y la Fiscalía se comprometieron a revisar los protocolos en los establecimientos que operan en horario nocturno.
Desde una perspectiva jurídica, la defensa de Suárez buscó incluir elementos que su abogado creía que permitirían una evaluación más amplia del contexto personal y académico del acusado al momento de determinar medidas preventivas o, en última instancia, atenuantes. Sin embargo, la Fiscalía destaca la gravedad de las consecuencias -muerte por traumatismo craneoencefálico- y la necesidad de investigar la posible implicación de terceros que aún no han sido plenamente identificados ni capturados. El juicio continúa e incluye audiencias, recopilación de pruebas e informes forenses que serán cruciales para formular los cargos finales y las decisiones judiciales.
Lo que hay que especificar: Los fiscales y jueces deben confirmar la autoría material del asesinato, la participación de cada uno de los involucrados (directamente o como instigador/incentivador) y el valor probatorio de los videos y testimonios. Al mismo tiempo, los informes citaron a la Universidad de los Andes y a autoridades de salud por atender a la víctima y verificar datos académicos. Por su parte, la defensa se compromete a aportar documentación que sustente su versión sobre el perfil de Suárez. Las decisiones futuras –incluida la utilización de la prisión preventiva– dependerán de una evaluación judicial del riesgo, el peligro para la comunidad y la solidez de las pruebas.
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