La situación electoral en el departamento de Nariño continúa en un punto crítico debido a la alta presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que mantienen en riesgo al menos 13 municipios de esta región.
Entre las comunidades más afectadas se encuentran Cumbal, Cumbitara, El Rosario y gran parte de la costa pacífica nariñense, zona donde las autoridades electorales advierten sobre un escenario complejo que requiere de una mayor intervención del sector público, precisamente cuando faltan tres meses para las elecciones para el Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Representantes.
Ante esta preocupante realidad, la diputada, Íris Marín, confirmó que a nivel nacional hay 62 municipios que ahora corren gran riesgo de elecciones. Según el funcionario, el país no cuenta con las garantías necesarias para asegurar la democracia plena en estas zonas, donde la violencia y la intimidación siguen siendo una herramienta para controlar el dominio de los grupos ilegales.
El Defensor del Pueblo explicó que este análisis se estableció luego de un extenso estudio en el que participaron más de 100 expertos especializados del organismo, quienes evaluaron las condiciones de seguridad y gestión en los municipios del país.
El informe concluyó que además de 62 municipios clasificados como en peligro inmediato, 162 requieren atención urgente y 425 atención prioritaria, cifras que muestran la magnitud de la crisis y la vulnerabilidad de las instituciones en amplias zonas del país.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo formuló 20 recomendaciones que se agruparon en seis ejes temáticos, todas encaminadas a promover acciones coordinadas y eficientes entre los diferentes órganos del Estado. Una de las propuestas más importantes está dirigida al Ministerio del Interior, al que se le solicitó fortalecer el sistema de comunicación interinstitucional y territorial al interior de las instituciones destinadas a salvaguardar las garantías electorales.
Asimismo, el informe anima al Ministerio de Defensa y a las autoridades públicas a implementar métodos más potentes que garanticen la seguridad en las carreteras, colegios electorales y zonas consideradas de mayor riesgo. Si no se refuerzan estas medidas, advierten las autoridades, las elecciones podrían celebrarse bajo presiones, amenazas y restricciones, que afectan directamente a la participación de los ciudadanos y a la libre elección de los candidatos.
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