Este problema debe ser el eje principal de una política pública para la protección infantil.
El alarmante fenómeno de la desaparición de menores en Bogotá es un tema de suma preocupación que ha ido en aumento de forma significativa. En lo que va del año 2024, se han reportado más de 760 niños desaparecidos, y un dato que resulta particularmente impactante es que muchos de ellos son adolescentes, mujeres y provienen de contextos donde la violencia doméstica es una realidad constante. Esta inquietante situación fue presentada por los funcionarios Fabián Puentes y Samir Bedoya, miembros del Partido Político de Mira, en un evento titulado ¿Qué está pasando con los hijos menores que faltan en Bogotá? donde también estuvo presente la Ministra Mary Clara.
Una imagen que no se puede estandarizar
Samir Bedoya expresó su profunda preocupación al afirmar que «no estamos hablando solo de números; estamos hablando de vidas que se han perdido, de familias que se desmoronan y de niños que nunca volverán a ser los mismos». Resaltó que la violencia en el hogar no solo desestabiliza el ambiente familiar, sino que también es un factor que empuja a muchos niños a abandonar sus hogares. Esta vulnerabilidad a menudo resulta en la trata de personas y en el contacto con delincuentes que explotan su situación a través de Internet.
Además, Bedoya subrayó que aproximadamente el 70% de los menores desaparecidos son mujeres, y el 90% son adolescentes, lo que plantea la urgente necesidad de una respuesta efectiva por parte del gobierno. «Cuando un niño desaparece, no hay forma de revertir completamente esa situación. La prevención debe ser la prioridad del estado», declaró con firmeza.
La tecnología debe proteger, no llegues tarde
Fabián Puentes, quien también tomó la palabra como vocero del Partido Mira, recordó su participación como gerente del proyecto que desarrolló el dispositivo Sara Sofía -Law, diseñado para comunicar en tiempo real la desaparición de menores a través de una plataforma digital. Sin embargo, lamentó la pobre implementación de esta ley en Bogotá y la inacción de las compañías telefónicas que, de acuerdo a la normativa, deberían brindar alertas inmediatas en caso de desapariciones.
«El problema no radica solo en que los menores desaparecen, sino que, cuando eso sucede, la reacción del estado suele ser tardía», afirmó. Puentes también hizo referencia a los peligros inherentes al entorno digital, donde las redes sociales y las diversas plataformas de comunicación se convierten en canales a través de los cuales los delincuentes contactan a los menores con intenciones criminales. Se mencionó un reciente caso de menores que desaparecieron tras interacciones con un hombre conocido en línea, enfatizando que el estado no puede darse el lujo de ignorar esta problemática. «La seguridad de nuestros hijos no debe depender solo de los padres, ya que estos no siempre cuentan con las herramientas adecuadas. La protección de los menores es una responsabilidad institucional que debe ser asumida con seriedad», argumentó.
Los concejales coincidieron en la necesidad de que la tecnología de la información del distrito esté vinculada a la creación de una política de prevención digital. Hicieron un llamado al gobierno del distrito para que elimine toda forma de publicidad sexual perjudicial en las cercanías de las escuelas y propusieron la creación de un sistema de información internacional que permita tomar decisiones más eficientes y rápidas en situaciones de emergencia.
«Cuando un menor es abusado o desaparecido, su vida nunca vuelve a ser la misma», enfatizó Bedoya. «No podemos seguir abordando esto como si fueran números fríos. Bogotá necesita una política pública sólida, enfocada en la prevención, que abarque todas las áreas. Proteger a los niños es un deber que no puede esperar».
Entre 2023 y febrero de 2025 se ha informado
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