La pelea entre el alcalde Camilo Ospina y ocho miembros de la oposición terminó en un revés político para el presidente. La Fiscalía General archivó los procedimientos disciplinarios que estaba llevando a cabo contra cabilderos que habían bloqueado una iniciativa para reducir los subsidios a los servicios públicos destinados a una legislación inferior.
La propuesta del concejo municipal buscaba recortar los aportes a agua, alcantarillado y saneamiento con el argumento de sanear las finanzas de los municipios. Los ministros, sin embargo, defendieron la permanencia de las subvenciones, dado que casi 4.000 familias vulnerables se verían afectadas por posibles subidas de tipos.
Decisión
La autoridad de control fue clara: los ministros actuaron en el marco de sus deberes legales y no hay motivo para imponer sanciones. Con esta determinación se suprime la doctrina de persecución introducida por el ayuntamiento y se refuerza la autonomía del ayuntamiento en el debate presupuestario.
Más allá del historial disciplinario, el mensaje político es poderoso. La decisión confirma el control político ejercido por la asociación y cuestiona la política del alcalde, que votó a favor de la sanción disciplinaria en medio de un debate que en muchos casos debería resolverse sólo en términos democráticos.
Preguntas fiscales
Mientras el presidente pierde esta batalla legal, se abre otro frente en su administración. La Auditoría General de la República descubrió un presunto sobrecosto de 186 millones de pesos en un contrato con EMSERPLAT para el tratamiento de aguas residuales, que corresponde al contrato 086 de 2024.
Según el informe preliminar, algunas partidas habrían aumentado hasta un 353%, pero esta cifra plantea serias dudas sobre la organización contractual y el control. Aunque el proceso financiero apenas comienza, el hallazgo aumenta la presión sobre el Ejecutivo local.
El escenario político en La Plata se vuelve más complejo. La defensa de las subvenciones reforzó la oposición y expuso al alcalde a cuestiones que están por encima de la administración. En política, las decisiones tienen costos. Y en este caso, el coste no sólo fue legal, sino también reputacional.
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