En el ambiente preelectoral rumbo a 2026, el presidente Gustavo Petro ha intensificado sus declaraciones sobre presunto fraude electoral en Colombia, narrativa que aún no ha sido presentada ante las autoridades competentes con pruebas comprobables ni sustentadas por organismos electorales o entes de control.
Señales sin evidencia verificada
En recientes discursos públicos, el presidente aseguró que en las elecciones de 2022 se cambiarían los resultados de miles de mesas mediante manipulaciones en el sistema de preconteo. Incluso afirmó tener pruebas de estas irregularidades y sugirió que se necesitaban más testigos electorales para evitar fraudes en futuras elecciones.
Sin embargo, hasta el momento, no se conocen documentos técnicos, auditorías independientes o sentencias judiciales que respalden estas afirmaciones. Las autoridades electorales no han confirmado la existencia de fraude estructural y el sistema electoral colombiano mantiene mecanismos de verificación como control público, auditorías y control de partidos.
Los orígenes de la desconfianza
Las dudas sobre el sistema electoral colombiano no son nada nuevo. En las elecciones legislativas de 2022 se produjeron errores de conteo preliminares que afectaron la asignación inicial de escaños, generando controversia y desconfianza ciudadana.
Sin embargo, estos errores fueron corregidos durante la auditoría oficial, que es un procedimiento legal obligatorio para determinar los resultados. Expertos en verificación y organizaciones independientes advierten que este tipo de errores se utilizan para alimentar narrativas de fraude sin contexto, mezclando hechos reales con interpretaciones incorrectas o exageradas.
Narrativas en el contexto electoral
Analistas y académicos han advertido que a medida que se acercan las elecciones, aumentan los discursos destinados a fomentar la desconfianza en las instituciones democráticas. Este fenómeno no es exclusivo de Colombia y generalmente se basa en emociones como el miedo o la indignación para movilizar a los votantes.
En el caso de Colombia, diversos sectores han señalado que insistir en el fraude sin pruebas podría debilitar la legitimidad del sistema electoral y aumentar la polarización política, especialmente en un escenario ya de por sí tenso.
Un patrón en el discurso político
Las declaraciones del presidente también forman parte de otros episodios en los que cuestionó procesos electorales, incluso en el exterior, como fue el caso de las elecciones en Ecuador, donde pidió verificación de los protocolos y expresó dudas sobre la transparencia.
Los críticos creen que este tipo de actitudes forman parte de una estrategia discursiva de anticipación de escenarios desfavorables o de fortalecimiento de la base política, mientras que sus partidarios defienden la necesidad de una mayor supervisión electoral.
Instituciones y garantías electorales
La organización electoral reiteró que el sistema colombiano cuenta con garantías constitucionales, control de múltiples entidades y apoyo institucional para asegurar la transparencia electoral.
Además, el proceso electoral incluye varias etapas (verificaciones previas al conteo, verificaciones municipales, departamentales y nacionales) destinadas a corregir inconsistencias y garantizar la trazabilidad de los resultados.
Solicitud
Si bien el debate sobre la transparencia electoral es legítimo en cualquier democracia, insistir en condenar el fraude sin pruebas verificables plantea un riesgo para la confianza institucional. En un contexto preelectoral, este tipo de narrativa puede afectar las percepciones de los ciudadanos y la estabilidad del proceso democrático colombiano.
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