Colombia se ha opuesto firmemente a los ataques aéreos estadounidenses contra barcos que, según Washington, eran barcos narcotraficantes vinculados al narcotráfico. Este rechazo se produjo durante la sesión. Organización de Estados Americanos (OEA)donde el representante permanente del país, Luis VargasDenunció que estas operaciones se llevaron a cabo «al margen del derecho internacional».
Vargas destacó que «la fuerza letal se justifica sólo como último recurso ante una amenaza inminente», refiriéndose a los ataques, que calificó no como parte de un conflicto armado sino como acciones que deben incluirse en la aplicación de la ley. En su discurso, el diplomático enfatizó que combatir el crimen organizado no justifica el uso directo de fuerza letal por parte del Estado sin respeto a las normas legales y a los derechos humanos.
La declaración de Colombia se encuentra entre una serie de al menos veinte ataques Según fuentes diplomáticas y medios internacionales, los estadounidenses han atacado barcos en el Caribe y el Pacífico con el pretexto de que transportaban drogas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, estas acciones habrían resultado en la muerte de decenas de personas.
Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro insistió en que estas operaciones no sólo constituían una violación de la soberanía nacional sino que también podían constituir una ejecución extrajudicial. Petro también lamenta la falta de una condena más contundente por parte de otros países latinoamericanos, denunciando el «silencio» de que estas acciones continúen impunemente.
En las Naciones Unidas, algunos altos funcionarios cuestionan la legalidad de los atentados, argumentando que no hay pruebas públicas sólidas de que todas las personas a bordo de los barcos representaran una amenaza inminente.
Como resultado de estas tensiones, Petro también ordenó la suspensión de la cooperación de inteligencia con Estados Unidos. El presidente aseguró que la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos, especialmente de los pueblos del Caribe, quienes, a su juicio, han sufrido a consecuencia de estos ataques.
En respuesta, Washington argumenta que sus acciones están dirigidas contra organizaciones narcoterroristas y que sus acciones son parte de una estrategia legítima para frenar el flujo marítimo de drogas.
Este episodio ha intensificado las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, dos aliados históricos en la lucha contra el narcotráfico, y abre un profundo debate sobre el uso de la fuerza militar en zonas marítimas internacionales, el respeto al derecho internacional y la responsabilidad ante posibles violaciones de derechos humanos.
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