Presidente de Colombia, Gustavo PetroAtacó públicamente a los llamados «megaricos del país», en referencia al debate en curso sobre el ajuste de los fondos destinados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) privadas y el aumento del salario mínimo para 2026.
En una publicación distribuida en una red social incógnitaEl presidente señaló que un pequeño grupo de grandes empresarios y sectores con gran poder económico presionan para un aumento al máximo. 17% en transferencias del gobierno a EPSmientras que en su opinión el mismo sector favorece un crecimiento más moderado 7% por el salario mínimoy se trata de una cifra que, a su juicio, no se corresponde con las necesidades reales de los empleados.
Acusaciones durante negociaciones clave
Petro dijo que quienes exigen más financiamiento para las EPS privadas también han contribuido a obstruir iniciativas gubernamentales como la Ley de Financiamiento, y cuestionó si estas posiciones no reflejan igualdad social. En su mensaje, también acusó al grupo de concentrar el control sobre la deuda pública interna a tasas elevadas y buscar beneficios que, en su opinión, favorecían los intereses económicos más que el bienestar general.
La llamada se produce en el contexto en el que Ministerio de Salud y Bienestar Socialpresidido por Guillermo Alfonso Jaramillo, deberá determinar el ajuste Unidad de Pago de Capitalización (UPC) al 2026, lo que tendrá un impacto directo en el financiamiento del sistema de salud y la viabilidad económica de las EPS. Algunas asociaciones empresariales han propuesto incrementos en esta partida superiores al 15%, argumentando la necesidad de abordar el déficit financiero histórico del sector.
Diferencias en la discusión sobre el salario mínimo
Además de criticar el enfoque empresarial hacia los recursos de las EPS, Petro también cuestionó la posición de algunos sectores sobre el aumento del salario mínimo, que actualmente es objeto de negociaciones entre el Gobierno, las centrales de trabajadores y los sindicatos. Mientras las organizaciones laborales han propuesto aumentos de dos dígitos para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores de la inflación, los grupos empresariales han propuesto ajustes más moderados, en torno al 7% o ligeramente superiores, teniendo en cuenta criterios técnicos basados en la inflación y la productividad.
La decisión de ajustar el salario mínimo para 2026 aún está en discusión, y el gobierno tendrá la última palabra si no se alcanza un consenso antes del 30 de diciembre, fecha límite para fijar el porcentaje del aumento del ingreso mínimo oficial.
Reacción del entorno político y económico
El debate provocó reacciones en todos los sectores del país, con las oficinas de trabajo presionando por aumentos más apropiados para proteger a los trabajadores de los aumentos del costo de vida y representantes empresariales advirtiendo sobre el posible impacto adverso sobre las formalidades laborales y la competitividad de la introducción de altos aumentos salariales.
En este escenario, la publicación de Petro ha reavivado el debate sobre las prioridades de política económica y social mientras el gobierno busca equilibrar la estabilidad fiscal con la necesidad de responder a las crecientes demandas sociales.
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