Autor: David Ríos
La propuesta de «paz total» impulsada por el gobierno colombiano representa uno de los intentos más ambiciosos para poner fin finalmente a décadas de conflicto armado. La idea de negociaciones simultáneas con grupos guerrilleros, bandas criminales y estructuras de narcotráfico refleja una comprensión amplia del problema de la violencia. Sin embargo, la distancia entre el discurso oficial y la realidad en los territorios plantea serias dudas sobre su viabilidad.
Colombia no enfrenta un solo conflicto, sino múltiples y superpuestas violencias. En regiones como Cauca, Catatumbo y Chocó, la ausencia histórica del Estado ha permitido a los actores armados imponer sus propias leyes. Allí, los anuncios de alto el fuego no siempre se traducen en una reducción real del número de asesinatos, desplazamientos o extorsiones. Por el contrario, en algunos casos se percibe que la reorganización de los grupos ilegales fortalece su control social y económico.
El principal problema de la paz total es que no basta con sentarse y negociar. La experiencia del acuerdo de paz de 2016 con las FARC ha dejado lecciones claras: sin una implementación efectiva, sin inversión social y sin garantías de seguridad, cualquier acuerdo quedará incompleto. Hoy en día, muchos excombatientes siguen siendo asesinados y las comunidades siguen atrapadas entre actores armados que compiten por la economía ilícita.
Además, las negociaciones con bandas criminales plantean dilemas éticos y legales. ¿Hasta qué punto puede el Estado ofrecer beneficios a estructuras cuyos intereses no son políticos, sino puramente económicos? El riesgo de enviar el mensaje equivocado -que el crimen paga- no es pequeño y puede debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
La paz completa requiere algo más que voluntad política. Requiere una presencia estatal integral, un sistema de justicia fortalecido, oportunidades económicas reales y una política de seguridad que proteja a los civiles. Sin estos elementos, existe el riesgo de que la paz se convierta en una promesa que una vez más no logrará cambiar la vida cotidiana de los colombianos.
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