La elección de un nuevo inspector municipal provocó un acalorado debate en el concejo, donde la seguridad jurídica del proceso pasó a ser la principal preocupación. En medio de la división de cargos, el ministro Juan Sebastián Camacho tomó la iniciativa para exigir más garantías antes de que el club realice la votación final.
Camacho solicitó a la asesoría jurídica del consejo presentar un dictamen individualizado de cada integrante de la lista, revisando posibles incapacidades e inconsistencias de acuerdo con los lineamientos de la Administración del Servicio Público. Para el lobista, no se trata de retrasar el proceso, sino de evitar futuros riesgos disciplinarios o invalidaciones.
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En el mismo sentido, el concejal Luis Alejandro Serna propuso plantear una consulta formal al Servicio Público y al Consejo de Estado para amparar la decisión. Incluso, sugirió que se solicite a la Universidad del Tolima una nueva revisión detallada de la terna.
Mauricio Fernando Rojas respaldó esta postura y advirtió que unas elecciones sin una base jurídica sólida podrían acarrear consecuencias disciplinarias para los ministros. Las preocupaciones no son triviales: la votación es política, pero sus implicaciones pueden ser legales.
Autonomía y transparencia
Por su parte, Juan Carlos Parada defendió la dureza aplicada en el proceso anterior y recordó que los conceptos jurídicos no son vinculantes. Destacó que la decisión final corresponde a la autonomía política del Consejo, siempre dentro del marco legal.
El presidente de la empresa, Dagoberto Gómez, reiteró el compromiso con la transparencia y aseguró que el proceso cuenta con el apoyo técnico de la Universidad del Tolima. El énfasis de Camacho, sin embargo, dejó en claro que en esta elección la prioridad es una sola: votar sin temor a futuros juicios.
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