Han pasado 25 años desde entonces masacre de nayauno de los episodios más graves del conflicto armado colombiano ocurrido del 10 al 13 de abril de 2001 en la región del río Naya, entre los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca. La conmemoración no sólo revive el horror que viven las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, sino que reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado por un crimen que pudo haberse evitado.
Un territorio estratégico en plena guerra
La región del Alto Naya ha sido históricamente un corredor clave para el narcotráfico y un territorio disputado por actores armados ilegales. Desde la década de 1980, grupos guerrilleros como las FARC y el ELN han tenido presencia en la zona, lo que luego atrajo incursiones de grupos paramilitares.
A finales de los años 1990, el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) consolidó su presencia en el suroeste del país con el objetivo de arrebatar el control territorial a la guerrilla y dominar rutas estratégicas para la economía ilícita.
Redada paramilitar: tres días de terror
El 10 de abril de 2001, más de cien hombres armados del Bloque Calima lanzaron una brutal invasión de la región. Durante tres días caminaron por caminos y pueblos, señalando a los habitantes como presuntos colaboradores de los partisanos.
Los testimonios reconstruyen un panorama de horror: asesinatos selectivos, torturas, desapariciones forzadas y amenazas colectivas. Las fuerzas paramilitares buscaron hacerse con el control territorial a través del miedo y «despejar» la zona de cualquier presencia insurgente.
Se estima que aprox. 500 hombres participaron en la operaciónlo que muestra el nivel de organización y planificación del raid.
Desplazamiento masivo y decadencia social
Una de las consecuencias más devastadoras fue el reasentamiento forzoso de aproximadamente 3.000 personasquienes huyeron de sus hogares para salvar sus vidas. Muchas de estas comunidades tardaron años en recuperarse, enfrentando no solo pérdidas materiales sino también el trauma colectivo dejado por la violencia.
La masacre dejó una profunda fractura en el tejido social de la región, que afectó particularmente a comunidades históricamente marginadas.
Alertas ignoradas: ¿una tragedia evitable?
Uno de los aspectos más controvertidos de este caso es que la masacre no fue un hecho inesperado. En los días y semanas previos al ataque, diversas entidades advirtieron del riesgo inmediato.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre una creciente presencia de fuerzas paramilitares en la zona, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 27 de marzo de 2001 tomó medidas preventivas para proteger a la comunidad del Alto Naya.
A pesar de estas advertencias, el Estado no tomó acciones efectivas para evitar la incursión armada. Este hecho ha sido señalado desde hace años como una grave negligencia institucional.
Las investigaciones y denuncias han revelado incluso posibles casos de tolerancia o complicidad por parte de unidades militares en la zona, alimentando el debate sobre la responsabilidad del Estado en la tragedia.
Justicia incompleta y memoria duradera
A lo largo de los años, algunos autores han sido procesados en virtud de la Ley de Justicia y Paz, incluido el ex comandante paramilitar Ever Veloza, alias «HH». Sin embargo, para muchas víctimas la justicia sigue siendo parcial y la verdad aún incompleta.
El caso de Naya se ha convertido en un símbolo de las deudas del Estado colombiano con las víctimas del conflicto: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
25 años después: memoria, resistencia y reivindicaciones
Hoy las comunidades Naya siguen luchando por la memoria histórica y el reconocimiento de lo sucedido. Conmemorar el 25 aniversario no es sólo un acto simbólico, sino una exigencia para que hechos similares no se repitan.
La masacre del Naya nos recuerda que el conflicto armado en Colombia ha dejado atrás no sólo cifras, sino también historias de vida acortadas, territorios devastados y una deuda histórica siempre presente.
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