El reclutamiento realizado por Elocente SAS, que totaliza más de $770 millones en un periodo de seis meses, ha desencadenado una serie de reacciones políticas y sociales en Tolima. A pesar de que el gobierno argumenta que esta inversión es necesaria para el fortalecimiento de las instituciones locales, la gran suma de dinero involucrada, sumada a la existencia de un equipo de comunicación ya consolidado de aproximadamente 30 profesionales, plantea serias interrogantes sobre la administración liderada por Adriana Magaly Matiz.
Las controversias giran principalmente en torno a dos convenios negociados entre el gobierno y Eloquentem SAS, cuyo representante es la Directora de la Compañía de Bogotá, Carolina Orjuela Martínez. El primer contrato, suscrito en octubre de 2024, tenía un monto de $321 millones, pero su duración fue sorprendentemente corta, apenas dos meses y medio. Posteriormente, un segundo acuerdo, que comenzó en marzo de 2025, se estableció por una cantidad considerable de $450 millones por un periodo de nueve meses de trabajo.
El total de $771 millones ha suscitado recelo y cuestionamientos de diversos sectores de la comunidad, especialmente porque el departamento ya cuenta con un robusto equipo de comunicación compuesto por cerca de 30 profesionales, que incluyen periodistas, diseñadores gráficos, fotógrafos, así como cineastas y técnicos de audio, quienes reciben salarios que suman aproximadamente $4.5 millones. Esta discrepancia entre los costos y los recursos existentes genera un debate crítico sobre la necesidad real de tales contratos.
Carolina Orjuela ha estado en el radar político de Tolima durante más de una década, donde ha brindado asesoramiento a campañas políticas de figuras como Ricardo Ferro, José Barreto, y más recientemente, al senador Miguel Ángel Barreto. Su empresa ha logrado atraer contratos millonarios con partidos nacionales, incluyendo entidades como Mines Mines, Jep, y la Oficina Presidencial de la República.
No obstante, tanto periodistas como analistas políticos han expresado que las tarifas que se están pagando al gobierno de Tolima superan ampliamente el promedio del mercado, incluso al considerar los honorarios de asesores de la Casa de Nariño. Esta discrepancia ha generado una crítica significativa de la manera en que se están administrando los fondos públicos.
Desde la administración se ha indicado que la contratación de Oloquemia se justifica debido a la necesidad de contar con asesoría especializada y continua, implementando un enfoque estratégico y de intermediación. Según los voceros oficiales, la compañía no está destinada a reemplazar el talento local, sino más bien a complementar iniciativas innovadoras como Tolimalab, Worldic, Coffee Fair, Southamerican Summit y Brave Women Strategy, entre otros proyectos relevantes. En defensa de esta estrategia, el gobierno ha afirmado que ha llevado a cabo un análisis de mercado y niega que el acuerdo implique alguna forma de capacitación mediática para el gobernador. Sin embargo, los términos contractuales estipulan claramente que la Oficina del Gobernador debe estar informada sobre la programación y ejecución de los eventos que se desarrollarán.
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