El Gobierno de Colombia logró recientemente que el Congreso aprobara el Presupuesto General de la Nación para 2026 (PGN 2026), con un monto estimado de ≈ 546.9 mil millones de pesos. Si bien esto representa un aumento en términos nominales en comparación con años anteriores y refleja un compromiso con la inversión pública –especialmente en infraestructura– el plan enfrenta muchos desafíos: crecimiento del gasto público por encima de las expectativas, ingresos dependientes de la reforma tributaria y un alto grado de rigidez estructural en las finanzas gubernamentales, que socava la sostenibilidad fiscal del esfuerzo.
Contexto económico y financiero
- El análisis del Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF) muestra que el déficit primario proyectado para 2026 puede ser ~2% del PIBmientras que el déficit total es de aproximadamente 6,2% del PIB.
- El presupuesto aprobado tiene en cuenta la dinámica de crecimiento del gasto público estimada para el año 5,3% respecto a 2025pero el crecimiento real es sólo del 1,9%, lo que significa que casi todo el crecimiento puede explicarse por la inflación u otros factores no productivos.
- Gran parte del recurso es contingente: por ejemplo, aproximadamente 16 mil millones de pesos Se clasifican como «ingresos contingentes», es decir, supeditados a la aprobación de una reforma tributaria u otros supuestos de recaudación que son inciertos.
- Además, el CARF advierte que El 88% del gasto total proyectado para 2026 será inflexiblelo que significa que sólo una pequeña parte del presupuesto puede reorientarse cuando surgen contingencias o para realizar reasignaciones estratégicas.
Centrarse en la infraestructura pública
Como parte del PGN 2026, la infraestructura pública -vías, puentes, mantenimiento de vías, infraestructura regional, transformación energética- es uno de los ejes señalados para la inversión del próximo año.
- El compromiso del gobierno es reducir las disparidades territoriales: se observa que las regiones con menor acceso en el pasado (como las zonas rurales, el Caribe y el Pacífico) recibirán una atención cada vez mayor en materia de inversiones.
- El desafío, sin embargo, es traducir estas promesas en una implementación efectiva. Los proyectos de infraestructura a menudo enfrentan retrasos, sobrecostos y otros problemas operativos que pueden socavar los resultados esperados.
Principales desafíos
- Financiación incierta: La dependencia de objetivos de recaudación de impuestos que aún no se han materializado crea el riesgo de que las medidas anunciadas no se implementen.
- Rigidez del gasto: con casi nueve de cada diez pesos destinados a gastos inflexibles y obligaciones legales o constitucionales, hay un margen de maniobra muy limitado para posibles ajustes o una rápida priorización.
- Implementación de inversiones: no basta con asignar recursos; Es importante garantizar que los proyectos de infraestructura se implementen, se liciten correctamente y que se cumplan los plazos y los costes. De lo contrario, las expectativas de desarrollo territorial seguirán siendo una promesa.
- Sostenibilidad fiscal a mediano plazo: un aumento de la deuda pública para financiar el gasto y el déficit, sin un camino claro de consolidación, puede ejercer presión sobre la calificación crediticia del país y el coste de la financiación externa.
- Difícil contexto global y nacional: La economía de Colombia enfrenta un escenario de crecimiento moderado, que limita los ingresos tributarios adicionales; Al mismo tiempo, los costos de mantenimiento de la infraestructura, la seguridad social y otros rubros continúan ejerciendo presión sobre las cuentas estatales.
¿Qué significa esto para los territorios y los ciudadanos?
Para los departamentos y municipios, este presupuesto es una oportunidad para mejorar la red de infraestructura: mejores carreteras, acceso a servicios, inversiones sociales relacionadas con obras públicas. Pero también una advertencia: si los recursos no llegan o no se utilizan adecuadamente, las brechas pueden seguir ampliándose.
Para los ciudadanos, este es un momento de espera: una mayor inversión puede traducirse en empleos, mejor conectividad y servicios públicos más eficientes. Pero también crea la posibilidad de que, debido a la falta de financiación o a una mala implementación, el presupuesto no cumpla sus promesas.
Solicitud
PGN 2026 en Colombia propone un ambicioso plan de acción para infraestructura pública y gasto social. Sin embargo, el contexto fiscal requiere cautela: el aumento del gasto no debe exceder las posibilidades de financiación, y las inversiones en infraestructura deben ir acompañadas de una implementación efectiva para que sean efectivas. En resumen, el país se encuentra en una encrucijada crucial: lograr las ambiciones de desarrollo territorial y social sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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