La emergencia invernal, producida sobre la región Caribe por dos frentes fríos llegados, de manera inédita, desde el gélido norte del continente, dejaron al departamento de Córdoba con 24 de sus 30 municipios bajo el agua, y más de 167 mil personas damnificadas –alrededor de 53 mil familias. El evento hidrometeorológico atípico dejó al desnudo distintos factores sociales, económicos y ambientales que interconectados produjeron el desastre.
Desde la noche del 31 de enero de 2026 el Caribe colombiano enfrentó un evento hidrometeorológico atípico, ocasionado por el ingreso de un frente frío que generó lluvias persistentes e intensas, fuertes vientos y alta nubosidad, alterando el patrón climático normal de la región, especialmente porque febrero corresponde históricamente a la temporada seca1. Según la directora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry Prieto, un frente frío implica masas de aire frío que se desplazan durante el invierno del hemisferio norte. Aunque en esta ocasión no llegaron directamente a la zona Caribe colombiana, su incidencia alteró la nubosidad, las precipitaciones, los vientos y el oleaje del mar2. Además, hubo una persistencia de condiciones asociadas al fenómeno de La Niña que suele ir acompañada de bajas temperaturas y provoca fuertes sequías en las zonas costeras del Pacífico y una fase activa de la Oscilación Madden–Julián, que ha incrementado la humedad convectiva3.
Estas tres circunstancias se juntaron justamente en Colombia, líder en el ranking de los países más lluviosos del mundo, con más de 3.200 mm de lluvia al año, lo que supera hasta 2 y 3 veces el promedio global, según datos del Banco Mundial. Por ejemplo, entre el 1 y 5 de febrero de 2026, se registraron lluvias intensas y persistentes (períodos de 24 y 72 horas) en amplias zonas del país. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), las precipitaciones fueron extraordinarias, superando en un solo día los acumulados promedios mensuales de la temporada lluviosa. Para el martes 3 febrero, producto del primer frente frío, en Córdoba ya habían declarado la calamidad pública y contabilizaban más de 13 mil afectados y la Defensoría del Pueblo, en un comunicado de ese día, pedía respuestas inmediatas ante el aumento de lluvias que generaban emergencias en buena parte del país.
La lluvia no daba tregua. El viernes 6 de febrero las familias damnificadas ya rondaban las 25 mil en Córdoba, según fuentes oficiales, que insistían en la evacuación de las riberas. Las corrientes súbitas ya habían sorprendido a cuatro hombres en la población de Los Córdobas, lo que reforzaba el llamado a operar de inmediato para impedir que el suceso se repitiera. El sábado 7 las lluvias habían aumentado los niveles del río Sinú, inundando sectores de la zona urbana de Montería, como el barrio Vallejo y Villa Petro donde el agua llegó al techo de las casas, así como otros barrios cercanos al humedal Berlín, una zona de alta amenaza hídrica debido al proceso de expansión urbana acelerada y desorganizada, lo que ha provocado fragmentación ecológica, acumulación de residuos sólidos y vertimiento de aguas residuales, incrementando al mismo tiempo la vulnerabilidad de la población frente a inundaciones, como en Altos de Canaán, que terminó sobrepasado por la acumulación de agua que alcanzó hasta 5 metros de altura, asentamiento vulnerable donde las paredes de las casas están construidas con madera, el piso es tierra y el techo de zinc4. Estas inundaciones también ocurrieron en zonas rurales de la capital de Córdoba, al igual que en el sur y el alto Sinú, afectados por los altos niveles del río San Jorge. Afectaciones de diversa índole también se presentaron en los departamentos de Sucre, Atlántico y el Bajo Cauca Antioqueño.
seccional Córdoba y 3IS: Information, Innovation, Impact.
El lunes 9 de febrero, en el Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro, la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, confirmó que en los últimos cuatro meses la represa Urrá superó el valor de la curva guía máxima en un 27%, es decir, el nivel que permite mantener un volumen de seguridad ante eventos de creciente. Entre 2020 y 2026, la Anla emitió seis conceptos técnicos dirigidos a la empresa operadora, en los que se expusieron inconsistencias en la regla de operación del embalse y se solicitaron ajustes. “Entre más cerca esté del límite permisible menos capacidad tiene la represa de absorber posibles precipitaciones extremas como la que ocurrió”, dijo la funcionaria.
“Del ahogado, el sombrero”, dicen por ahí. Buscando salvar esta parte del atuendo, el Presidente exigió la renuncia del presidente –encargado– de la hidroeléctrica de Urrá, Juan Acevedo Rocha, a la par de abrir una investigación penal por las afectaciones. Con esa presión encima, pese a no aceptar responsabilidad en lo sucedido, pocas horas después el funcionario renunció. No sobra recordar que la Junta Directiva de la represa la controla el gobierno, y la controlan principalmente los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía. Las autoridades pertinentes encontrarán los responsables.
Minutos después de esta intervención presidencial, Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba, aprovechó para aseverar: “El país amerita revisar cuánta plata se ha gastado en atención a emergencias”. A lo que el jefe de Estado interrumpió: “Se han gastado 97 billones en 10 años. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) es una entidad que desde el primer día roba […]. Pasar a la confianza ciudadana después de 10 años de robo… Olmedo es un pecueco comparado con lo que se han robado antes”. El mandatario se refería al caso de corrupción en su Gobierno dentro de la Ungrd. No existe una cifra oficial final consolidada pues el caso sigue en investigación, pero la cifra más baja ronda entre los 26.000 millones y la más alta 1 billón de pesos5.
El coletazo de la ganadería extensiva, grupos armados y Urrá
Para la segunda semana de febrero el gobierno nacional ya había desplegado una estrategia narrativa para recordar el telón de fondo presentado con la construcción de la represa Urrá (ver recuadro, “La memoria”…), dando acento en los ciclos repetitivos de varias inundaciones registradas en el departamento desde la construcción de la represa. En 2010, con Urrá a toda máquina, el río Sinú rompió todas las cotas. Más de 17.000 familias damnificadas. Municipios completos bajo el agua. En 2021, nueva creciente. San Bernardo del Viento bajo el agua con 6,2 metros de nivel. En mayo 2024, la represa recibió caudales intensos pero no colapsó porque estaba a media carga6.
En febrero de 2026, la actual emergencia invernal, las alertas de inundaciones para el 10 de febrero en territorio cordobés y su capital siguieron encendidas por las descargas de la hidroeléctrica Urrá. Con el paso de los días las víctimas por estos sucesos se multiplican (ver recuadro “Afectación general de la emergencia invernal”), a lo cual se suman las pérdidas en los sectores de la producción ganadera y agrícola. Alrededor del 60% de la tierra de Córdoba se destina a explotaciones ganaderas7. Hay aproximadamente dos millones de cabezas de ganado destinadas a la producción de carne vacuna y unas 135.000 a la producción de leche, lo que convierte esta región en el segundo productor de ganado en Colombia y en uno de los mayores exportadores de productos bovinos en todo el mundo8.
El impacto fue grande, golpeando también comunidades, como Cedro Cocido, corregimiento de Montería, con alta concentración de víctimas del conflicto, para quienes las afectaciones generadas por esta emergencia les golpea aún más. Como si fuera poco, en medio de este panorama, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), publica un comunicado en el que declaran objetivo militar a varios líderes y dirigentes indígenas del Pueblo Zenú, entre ellos su representante legal, Iván Negrete, y el aspirante al Senado por el Pacto Histórico Yaini Contreras, amenaza rechazada por La Escuela de Derecho Propio Indígena Zenú, que denunció las amenazas de muerte.
El día 11 Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, decreta toque de queda para evitar saqueos en los barrios, en tanto ya se habían reportado casas sin ventanas o personas que no iban a los albergues por temor a dejar sus pertenencias solas. También se contaron corregimientos, como Loma Verde, Las Palomas y Guasimal, que quedaron sin conexiones terrestres. Además, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, esta emergencia agravó la situación habitacional en Córdoba, donde 10 de cada seis hogares no tienen casa propia. En salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo advirtió del riesgo de incremento del dengue en las zonas afectadas por la proliferación de agua estancada, siendo la población infantil la más afectada.
La mayoría de humedales en la cuenca del Sinú han desaparecido
desdeabajo se contactó con el Programa de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Córdoba, varios de cuyos profesores han acompañado a la Ungrd y a la CSV con información cartográfica, haciendo el monitoreo del avance de la mancha de la inundación. El tiempo les apremia y saber reaccionar a la situación es importante, es por ello que las preguntas realizadas a esta institución recibieron respuesta por medio de un comunicado que uno de sus docentes investigadores, Rubén Darío Godoy Gutiérrez, junto con otros profesores de la facultad, como Teonila Aguilar, habían emitido.
En el mensaje se asegura que en el 2002 existían 48 humedales en la cuenca del río Sinú y en recientes salidas de campo encontraron que la mayoría han desaparecido, constituyéndose esto en una de las principales razones de las recurrentes inundaciones en las riberas de la arteria fluvial. En la margen izquierda de Montería el humedal El Cerrito desapareció y Martinica es apenas un buchón. Los humedales Berlín, La Caimanera y Los Garzones no subsisten. A la margen derecha La Pozona, desapareció. Eso origina que el río prácticamente se desborde porque esas zonas de amortiguación han desaparecido, bien por el avance de las construcciones urbanas, bien desecados para ganadería extensiva.
El investigador recordó que en la sentencia T-194 de 1999, la Corte Constitucional ordena a las autoridades regionales y locales adelantar las actuaciones administrativas de su competencia e instaurar las acciones procedentes para recuperar el dominio público sobre las áreas de terreno de los cuerpos de agua que fueron desecados y apropiados por particulares, decisión judicial que lamentablemente no se cumplió.
Godoy Gutiérrez, dijo que falta gobernanza y las distintas instituciones se escudan y evaden responsabilidades. Recordó que los diagnósticos están y hay planes de manejo para humedales como Berlín o Furatena, pero se quedan en simples documentos. Comentó que salió un fallo del Tribunal Superior donde exige un estudio de los asentamientos informales que hay en el borde del río Sinú, como Nuevo Milenio, Zarabanda, La Bonga, 7 de Mayo y que deben ser reubicados.
Sobre el peso de la represa Urrá, el profesor Godoy, estudioso y experto en temas de ordenamiento territorial, dijo: “Las turbinas se mueven de acuerdo si hay venta de energía, entonces hay mayor desplazamiento de agua y cuando no lo hay entonces hay tensión. Eso truncó el saneamiento de las tortugas y el bocachico. En solo Montería hay 17 quebradas y arroyos, tanto en la Serranía de Abibe como en San Jerónimo, esa cuenca portante puede inundar el río porque antes se depositaba en los humedales y ahora no. Urrá, en determinado momento, ha logrado soportar las inundaciones, sin Urrá estaríamos desbordados prácticamente de la margen derecha y la margen izquierda. ¿Por qué se desborda en municipios como San Pelayo y en Lorica? Como no hay humedales que soportaban y antes los tenía Montería, entonces el río va encañonado y sobre esas zonas explaya”.
Como puede deducirse, la situación del desastre tiene varios factores interconectados que lo produjeron, algunos de estos para aportar al análisis: El gobierno local, regional y nacional no actuaron de manera oportuna y pronta. Aun conociendo que la represa había sobrepasado los niveles máximos de curva permitida, bajo el supuesto que febrero es un mes seco y sin tener alertas del frente frío atípico, su impacto tomó por sorpresa a propios y extraños. Un fenómeno, dicen los analistas, derivado del cambio climático. La construcción de la represa potenció el modelo de ganadería extensiva y agroindustrial dominante en la región, que explota los terrenos, construye diques para desviar los caudales naturales del río y destruye humedales.
Además, la privatización de la energía y el lucro que genera la represa, recuerda una vez más que el negocio y las ganancias están por encima de la vida de personas y el respeto de la naturaleza. Como también sucede en otras partes del país, el déficit de vivienda de la región es alto y la población vulnerable le toca construir en zonas de alto riesgo. Los planes de ordenamiento territorial que se han planteado frente al problema ambiental, son letra muerta.
Por si fuera poco, la histórica corrupción de la Ungrd imposibilita la concreción de planes para prevenir desastres. Y en otro plano de los déficits que dominan en distintos asuntos del país, no existe infraestructura en ciencia y tecnología para que el Ideam pudiera anticipar el fenómeno y alertar previamente.
“Va a durar, más o menos, entre uno o dos meses la evacuación del agua. Van a persistir las inundaciones en esas comunidades porque es una ciénaga”, el que habla con desdeabajo detrás del teléfono es Ismael Rivera, integrante y defensor de derechos humanos de la Fundación del Sinú, quien recorre la mayoría de los 13 centros de acopio y albergues, donde se refugian 5.421 personas en el casco urbano de Montería, como El Coliseo Happy Lora o el colegio Mogambo, en estos lugares rectifica que estén los kits de ayuda que incluyen alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, utensilios de cocina, colchonetas, frazadas, toldillos y otros artículos básicos para las familias damnificadas. Se cerciora que médicos y psicólogos estén cuidando a la gente. Habla con las madres para que cuiden a los niños porque pueden presentarse vulneraciones a sus derechos. Falta, por tanto, que pasen días de dolor y angustia para miles de familias, muchas de ellas eternamente marginadas, ahora mucho más.
Para el sábado 14 de febrero, la Ungrd confirmó el fallecimiento de al menos 17 personas debido a las inundaciones que azotan al país desde que comenzó el mes de febrero. En total, más de 250 mil personas afectadas por las fuertes lluvias,18 mil viviendas con daños y hasta 4 mil completamente destruidas, a lo que hay que sumar graves destrozos en carreteras y puentes. Además, según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el 16 de febrero, seis represas estaban en alerta roja: Urrá, Hidroituango, Calima, Betania, Hidrosogamoso y La Miel I, debido a niveles cercanos o superiores a su capacidad máxima por las intensas lluvias.
Mientras transcurre ese tiempo, si no se toman acciones contundentes, el panorama continuará siendo desolador. Por lo pronto, un interrogante resalta, ¿Aprenderemos de esta dolorosa experiencia, como sociedad, para remediar e impedir, de una vez y por todas, que una catástrofe de estas características vuelva a suceder?
