Delcy Isaza coincidió con Alfonso en apoyar la reforma de la Ley 30 del 92.
Los extremos políticos del Tolima se encontraron en un mismo lado del distrito legislativo en una votación que sorprendió a todos. En el Congreso de la República, la aprobación de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 logró unir artículos ideológicamente opuestos para un mismo objetivo: redefinir el financiamiento de la educación superior pública en Colombia. Desde la derecha conservadora, Delcy Isaza, y desde la izquierda, Martha Alfonso, apoyaron firmemente una iniciativa que marca un punto de inflexión en la historia del sistema universitario estatal.
La reforma pasó el proceso legislativo completo y estaba a la espera de la sanción presidencial tras recibir el voto unánime. Con ciento dieciséis votos a favor y ninguno en contra, el Congreso aprobó un nuevo modelo de financiación que busca corregir un problema estructural que se arrastra desde hace décadas. Durante muchos años, las universidades públicas enfrentaron un crecimiento creciente de la matrícula sin un aumento proporcional en el financiamiento, situación que afectó su calidad académica y estabilidad financiera.
Hasta ahora, el aporte nacional se ajustaba en función del índice de precios al consumidor, que no reflejaba los costos reales de las operaciones universitarias. La reforma reemplaza ese sistema y establece que los recursos se actualizarán según el índice de costos de la educación superior, calculado por el DANE. Este cambio permitirá asignaciones más acordes con las necesidades reales del sistema y buscará asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las universidades, institutos técnicos y técnicos del estado.
Desde la bancada conservadora, Delcy Isaza explicó que su apoyo corresponde a convicciones personales y políticas. «Como portavoz de la bancada conservadora y egresada de la prestigiosa Universidad del Tolima, votamos a favor del proyecto de ley que tiene como objetivo fortalecer y asegurar recursos para asegurar la efectividad y sostenibilidad financiera de las universidades públicas del país. Para la congresista, las reformas representan un compromiso con la estabilidad institucional y el acceso equitativo a la educación superior».
Martha Alfonso, por su parte, destacó el alcance histórico de la decisión y su significado para la defensa de la universidad pública en las regiones. «Hoy se aprobó una de las causas de mi vida: la reforma a la Ley 30 de educación superior, que busca financiar universidades e instituciones técnicas y técnicas públicas en todas las regiones de Colombia. La votación dejó un panorama insólito: opositores ideológicos que coinciden en una de las decisiones más importantes del actual período legislativo».
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