En Bogotá, el miércoles 23 de abril de 2025, el representante de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massie, declaró que se está llevando a cabo una implementación más eficiente del acuerdo de paz histórico que fue firmado en 2016. Este acuerdo tuvo como protagonistas a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y marcó un punto de inflexión en la historia del país suramericano, que había estado sumido en décadas de conflicto armado.
Durante su discurso en Nueva York, el Secretario de Seguridad de la ONU expresó su firme convicción de que, durante los últimos ocho años, desde la firma del acuerdo, se han logrado avances significativos en varias regiones, en particular en Catatumbo y Cauca. Estas áreas han sido tradicionalmente afectadas por la violencia y el narcotráfico, y el proceso de paz ha permitido que muchos habitantes empiecen a experimentar una nueva realidad, lejos del conflicto.
Sin embargo, la situación en Colombia continúa siendo compleja y desafiante. A pesar de los progresos realizados, muchos sectores han denunciado una alarmante realidad humanitaria, resaltando que más de 90 personas han sido asesinadas desde enero de este año. Este aumento en la violencia se ha relacionado con los disidentes de las FARC que, a pesar de haber sido parte del proceso de paz, han rechazado el acuerdo y continúan sus actividades armadas en varias regiones del país.
Particularmente en Cauca, se han registrado varios ataques recientes, siendo el más reciente un ataque a una patrulla de la policía. Afortunadamente, el agente herido no se encuentra en peligro, según informaron las autoridades. Además, en la región de Nariño, que limita con Ecuador, se reportó la colocación de explosivos en el camino de un vehículo militar. Este lamentable suceso resultó en la muerte de un civil y en heridas para cinco soldados, reflejando el peligro constante que enfrentan tanto las fuerzas de seguridad como la población civil en estas áreas. Ambos incidentes han sido atribuidos a los disidentes de las FARC, evidenciando la persistencia de grupos armados que continúan operando en el país.
Ante este panorama, el gobierno de Gustavo Petro ha reconocido que los retrasos en la implementación del acuerdo de paz se derivan de gestiones de administraciones anteriores. Por esta razón, en el último año, se ha puesto en marcha un plan de respuesta rápida, orientado a impulsar reformas rurales que buscan promover una distribución más equitativa de la tierra. Se trata de un esfuerzo crucial para fomentar la paz duradera en un país que aún busca sanar las heridas causadas por años de conflicto.
