La Fiscalía General de la Nación anunció que, como parte de su investigación por el escándalo de la licitación de pasaportes, imputará al excanciller Álvaro Leyva Durán por un presunto delito de estafa. Según la fiscalía, hay muchos indicios de que algunas de las decisiones tomadas durante su gestión violarían los principios legales en materia de contratación pública, lo que generó tensiones institucionales y obligó a una revisión profunda de la gestión administrativa de la Cancillería. Esta decisión abre un nuevo capítulo en una polémica que tuvo repercusiones políticas y diplomáticas desde el principio.
El caso cobró actualidad tras las dudas sobre el procedimiento de licitación, que acabó en invalidación debido a fuertes malentendidos entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y los participantes. Para la Fiscalía, este episodio merece decidir si la actuación del excanciller cumplió con parámetros técnicos. y regulaciones exigidas por la ley. Por su parte, el abogado de Leyva sostuvo que todas las decisiones fueron tomadas de acuerdo con sus funciones y conforme a los criterios de protección del interés público.
Según expertos jurídicos, el alegato puede convertirse en un punto de inflexión en la evaluación del uso del control interno en entidades responsables de la gestión de recursos y procesos estratégicos para el Estado. Aunque el proceso penal apenas comienza, el caso ha vuelto a revelar la necesidad de fortalecer la supervisión de los procedimientos administrativos y garantizar la transparencia en todos los niveles del Estado, especialmente en sectores donde la confianza ciudadana es esencial.
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