La reciente aprobación de esta importante iniciativa tiene como objetivo fundamental la optimización de recursos en los territorios locales. Esto garantiza que las encimeras de jubilación lleguen a tiempo y, al mismo tiempo, fomenta el aumento de las inversiones en sectores cruciales como la salud y la educación. Además, refuerza los procesos necesarios para el desarrollo sostenible de la región.
El gobernador del Cauca, Diliana Francisca Toro Valley, subrayó la importancia de esta iniciativa al afirmar: «Salvamos territorios, es un PhonPet y necesitamos estos recursos para no quedarse en el país. Debemos llegar a nuestra región en nuestro departamento, además porque son recursos del departamento y municipios.» Esto resalta no solo la urgencia de contar con estos fondos, sino también la necesidad de su correcta gestión para el beneficio de las comunidades locales.
El presidente ha destacado que este logro obtenido por los departamentos es un paso vital para fortalecer la autonomía territorial. «Esto no solo permite una mejor gestión de los recursos, sino que garantiza también una atención más efectiva a las obligaciones relacionadas con las pensiones», afirmó. Este enfoque en la descentralización es crucial para abordar las diversas necesidades de cada territorio de manera más eficiente.
Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Finanzas y Finanzas, también comentó sobre el impacto de esta legislación. Dijo: «En el caso de las entidades territoriales y el Valle del Cauca, espera saber que se obtuvo el apoyo del Senado para realizar una ley que mejorará la administración de pensiones territoriales, pero a su vez nos permitirá volver a orientar los recursos de inversión. Hoy, gracias a la ley, hemos logrado regular, participar y garantizar los recursos necesarios para que las esquinas de las encimeras de pensiones lleguen a tiempo.» Esto no solo implica una mejora en la puntualidad, sino que también asegura un uso más adecuado de los fondos públicos.
La actualización de esta ley es otra medida estratégica que promete garantizar un modelo de gestión más justo y descentralizado en la administración de los recursos públicos, especialmente en lo que respecta al sistema de pensiones territoriales. Esto permitirá abordar las desigualdades históricas que han afectado a diversas regiones del país, proporcionando así un mejor acceso y cobertura a los ciudadanos.
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