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Recientemente, el ministro de Villavicencio, Gustavo Basto, ha expresado su profunda preocupación mediante una queja pública, la cual ha generado inquietudes serias entre los líderes comunitarios y los residentes de áreas que antes no habían sido atendidas. Esta situación tiene sus raíces en el actual gobierno municipal, presidido por el alcalde Alexander Baquery, que, según Basto, ha ralentizado considerablemente el proceso de legalización en la ciudad. Hasta la fecha, y tras 15 meses de gestión gubernamental, no se ha logrado legalizar ninguno de los distritos, a pesar de que más del 50% de las áreas urbanas de Villavicencio aún son consideradas informales o ilegales.
Queja
Actualmente, de los 531 vecindarios existentes en la capital, 246 carecen de estatus legal. Esta alarmante realidad impide que miles de familias puedan acceder a beneficios esenciales, como la inversión pública en infraestructura, servicios básicos y, crucialmente, un título que reconozca oficialmente las mejoras realizadas en sus comunidades. Ante esta situación crítica, el Ministro, acompañado de su equipo de trabajo, se ha dirigió recientemente al Registro Nacional para iniciar una campaña de recolección de firmas, la cual le permitirá solicitar consejos abiertos. Con esta iniciativa, buscan movilizar a los ciudadanos y ejercer presión institucional con el fin de reactivar el proceso de legalización y validación de estos barrios.
«La situación es realmente desafortunada. Este gobierno parece no mostrar interés alguno en mejorar las condiciones de vida de aquellos que residen en vecindarios que no tienen legitimidad. La falta de acción es preocupante», expresó Basto en una de sus intervenciones.
Informe
Un informe reciente emitido por la oficina del alcalde en Villavicencio indica que los procedimientos administrativos necesarios para la validación de los distintos distritos ya habían comenzado. Estos procedimientos comprenden cuatro componentes esenciales: la validación de los asentamientos, el nivel de fiscalización, el gobierno local y la oficina encargada de fortalecer las instituciones encargadas de estos procesos de validación y legalización.
Beneficio
La validación de los vecindarios trae consigo una amplia gama de beneficios para las comunidades. Actúa como un catalizador que permite al gobierno local realizar inversiones significativas en infraestructura, incluyendo el asfaltado de calles, la creación de áreas verdes y la ampliación de servicios públicos. Además, abre la puerta a que las comunidades tengan acceso a planes estatales, gestionen recursos de manera más efectiva y participen activamente en proyectos de desarrollo urbano que pueden transformar sus entornos y mejorar su calidad de vida.
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