Recientemente, el fútbol colombiano se enfrenta a una posible crisis, debido a una profunda investigación impulsada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esta entidad ha presentado recomendaciones para sancionar tanto a la Dimayor como a un total de 17 gerentes, quienes son acusados de estar involucrados en prácticas consideradas anti -competitivas, afectando así la Negociación libre de jugadores de fútbol.
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El informe en cuestión es extenso, con más de 350 páginas que abordan detalles sobre las operaciones internas de varias instituciones del fútbol. Dentro de los implicados se encuentran figuras prominentes como Jorge Enrique Vélez, quien fue presidente de Dimayor, y Fernando Jaramillo. También se menciona a Carlos Mario Zuluaga, actualmente en la presidencia de Dimayor. Según las revelaciones contenidas en este documento, las prácticas mencionadas incluyen Vetos y listas negras coordinadas que habrían limitado la movilidad de los jugadores entre diferentes clubes, impidiendo así transferencias y negociaciones justas.
Las quejas que dieron pie a esta investigación se remontan a 2011, cuando la organización Acolfutpro comenzó a levantar la voz en defensa de los derechos de los futbolistas. Parte de las pruebas que se han presentado incluyen intercambios de mensajes de un grupo conocido como «G-36», en el que participaron 46 gerentes. En estos intercambios, altos ejecutivos como Ramiro Ruiz Londoño, presidente del Envigado, solicitaron de manera explícita los fichajes de jugadores que no renovaron sus contratos con sus clubes, lo que plantea serias preocupaciones sobre la ética en la gestión del fútbol colombiano.
De acuerdo con la SIC, tales comportamientos han estado diseñados para proteger los intereses de los empleadores, pero a su vez han tenido un impacto negativo en las oportunidades laborales de los jugadores. Esto ha limitado la competencia legal entre los clubes, impidiendo que muchas entidades tengan la posibilidad de negociar dentro de un marco justo y transparente.
A la luz de esta situación, la superintendente Cielo Rusinque tiene la responsabilidad de determinar si se impondrán sanciones a diversos clubes, entre los que se encuentran Tolima, Envigado, Una vez Caldas, Pasto y Unión Magdalena, entre otros. Además, se está revisando el papel desempeñado por el ex presidente José Augusto Cadena para emitir posibles circularidades que pudieran tener implicaciones para el futuro de la gestión futbolística en el país.
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