Durante una reciente visita a Popayán, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una nueva estrategia del Gobierno nacional enfocada en debilitar el tráfico de drogas en Colombia. Este ambicioso plan tiene como objetivo principal estrangular las economías ilegales desde su raíz, buscando intervenir en toda la cadena de suministro que alimenta a los grupos armados ilegales presentes en el país. En una exposición clara de intenciones, el Ministro condenó la redirección de suministros críticos, tales como gasolina y cemento, hacia los territorios controlados por estos grupos violentos. Un caso específico mencionado fue la desviación de combustible de Buenaventura a Tumaco, un acto que evita la correcta transición de materiales a través del Cañón de Micaay, afectando la seguridad y el bienestar de la población.
“Esta es una economía ilegal que necesitamos hacer no rentable. Para lograr esto, necesitamos el apoyo de las comunidades, a fin de reducir el oxígeno que alimenta a estos grupos armados. Smerting comienza a recibir contribuciones”, expresó Sánchez, quien hizo un llamado a la cooperación cívica. En su discurso, el funcionario lamentó que, a pesar de la disposición para el diálogo que ha mostrado el gobierno, muchos de los grupos armados todavía operan con una violencia extrema, lo que representa un desafío significativo para la estabilidad social. Adicionalmente, advirtió que alrededor del 70% de estos grupos no parecen tener la disposición para alcanzar la paz, lo que exige una reacción contundente y específica del estado.
La estrategia planteada por el gobierno se articula en tres frentes principales, cada uno con un enfoque distintivo. El primer eje es el reemplazo de cultivos ilegales a través del programa *Renhacer*, cuya misión es ofrecer alternativas sostenibles a los campesinos, permitiendo así el desarrollo de sus vidas mediante economías legales. Este enfoque no solo busca erradicar cultivos de uso ilícito, sino también potenciar el bienestar de las comunidades afectadas. El segundo frente de acción implica un golpe decisivo a la infraestructura y estructuras armadas de los grupos ilegales; esta tarea ya ha comenzado a dar frutos significativos: este año, más de 1.300 miembros de estas organizaciones han sido neutralizados y se reporta que un laboratorio de cocaína es desmantelado cada hora.
Por último, el Ministro reiteró la importancia de la participación del gobierno en la seguridad y el desarrollo de las regiones más golpeadas por el tráfico de drogas. “El mensaje es claro: actuaremos con firmeza, pero siempre con esperanza, impulsando transformaciones en los territorios. Esta lucha no es meramente militar; implica también una dimensión social y económica”, concluyó Sánchez, sentando las bases de un enfoque integral que combate el fenómeno del narcotráfico en sus múltiples aristas.
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