En Colombia, ser una persona trans significa vivir en medio de una lucha constante y, a menudo, con un profundo miedo. El trágico caso de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años que fue brutalmente asesinada en Bello, Antioquia, resalta esta cruda realidad. Su cuerpo fue encontrado en un desfiladero, un recordatorio visceral de la violencia que enfrenta la comunidad trans. Es vital que su muerte no se convierta en un hecho más de una estadística, sino que sirva de impulso para el cambio.
En este contexto de violencia, surge un proyecto que podría transformar las vidas de muchas personas como Sara. Se trata de la ley integral trans, una propuesta que busca garantizar que las personas trans y las que no se identifican dentro de las categorías binarias puedan vivir con dignidad. Esta ley es crucial para asegurar que no tengan miedo de ser discriminadas, abusadas o incluso asesinadas. Sin embargo, la posibilidad de que este cambio se materialice depende de su aprobación en el debate legislativo antes del 20 de junio.
¿Qué proponen estas leyes?
La Ley Integral Trans es una de las propuestas más completas en América Latina. Algunos de sus puntos clave incluyen:
- El reconocimiento legal de la autoimagen trans de manera inequívoca.
- Garantizar acceso a la salud, la educación y el empleo sin discriminación.
- Imponer sanciones a funcionarios públicos que ejerzan la discriminación.
- Recopilar datos precisos sobre la población trans, para que el estado pueda atender sus necesidades efectivamente.
Estas leyes no están pidiendo privilegios adicionales; lo que demandan son las bases necesarias para vivir sin miedo. «No solo queremos que nos maten en la esquina, queremos vivir con dignidad», expresa Ian Arias, uno de los activistas involucrados en la redacción de esta norma. Este testimonio hace eco de un deseo colectivo por igualdad y respeto en todas las esferas de la vida.
¿Por qué es urgente?
En lo que va del año, 32 personas han sido asesinadas en Colombia, y 15 de ellas pertenecen a la comunidad trans. Esta alarmante tasa de violencia no es un hecho aislado; es el resultado de una sociedad que se niega a aceptar lo que no comprende y de un estado que a menudo mantiene un silencio cómplice. El Congreso tiene una oportunidad histórica para hacer lo correcto. Si no actúa ahora, las futuras demandas por justicia tendrán que comenzar desde cero, lo que podría resultar en más tragedias como la de Sara Millerey.
No es un favor, es correcto
El Tribunal Constitucional ha tomado algunas decisiones significativas, como permitir el uso de etiquetas que no se ajustan a las normativas binarias en documentos oficiales. Sin embargo, el progreso ha sido insuficiente. Las personas trans todavía enfrentan numerosas barreras para acceder a tratamientos médicos, encontrar empleo o educativo, a menudo siendo víctimas de discriminación en el proceso.
«No estamos pidiendo nuevos derechos, sino que se cumplan los que ya existen», señala Lina Quevedo, un hombre trans y portavoz del movimiento. Esto pone de relieve la necesidad de cumplir con las leyes que ya están vigentes en lugar de crear nuevas legislaciones, que podría diluir el esfuerzo de salvaguardar los derechos actuales.
¿Qué viene?
El proyecto de ley está actualmente en manos de la primera comisión del Congreso. Si se logra su aprobación allí, pasará al Senado, un entorno que tiende a ser más conservador. Por lo tanto, es crucial que la comunidad se active y exija a sus representantes que den este primer paso hacia el progreso. La ley podría llevar el nombre de Sara Millerey, convirtiendo su trágica muerte en un símbolo de lucha y un catalizador para un cambio real en la sociedad.
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