El clima de tensión política en el municipio de Cuítiva, Boyacá, se deterioró notablemente el 7 de mayo, cuando el Personero, Fabio Guillermo Araque Álvarez, condenó al criminal Nestor Emio Cepeda Tenza por presunta violencia contra un servidor público. Esta denuncia se basa en un incidente registrado en la estación de policía local, donde se alegó que Cepeda Tenza había atacado verbalmente a Araque Álvarez, a raíz de su involucramiento en un caso judicial que busca recuperar las inversiones de José Antonio Cepeda Tenza, quien es un miembro de la misma familia.
En su comunicado, el Personero aclaró que al promover la demanda contra el mayordomo, no solo estaba cumpliendo con su deber como garante de legitimidad, sino que también se exponía a represalias por parte de la familia Cepeda Tenza. Según el relato de Araque Álvarez, otros miembros de la comunidad le manifestaron que «por el hecho de haber presentado una demanda contra el hermano, tenía la intención de vengarse de mí, de mi integridad y de mis productos». Esta situación ha puesto en evidencia el riesgo que enfrentan los funcionarios públicos en contextos de alta polarización política.
Este incidente no es un evento aislado, sino que resalta una creciente preocupación sobre las tensiones entre los diferentes sectores políticos de Cuítiva. En los últimos meses, ha sido cada vez más evidente que las diferencias políticas han alterado los límites del debate democrático, convirtiéndose en amenazas directas para la integridad de los funcionarios públicos. El hecho de que Araque Álvarez haya tenido que recurrir a las autoridades para protegerse es indicativo de un ambiente tóxico, donde el discurso político se transforma en ataques personales que pueden poner en peligro la vida de quienes se atreven a ejercer sus funciones con responsabilidad y legitimidad.
La queja presentada por Araque Álvarez no solo ha puesto en jaque la práctica de la política local, sino que también pone de relieve la creciente falta de respeto por los derechos de los funcionarios públicos. Estos profesionales, que están en sus cargos para servir a la comunidad, deberían poder trabajar con la garantía de recibir la protección legal necesaria, sin temor a ser atacados ni a sufrir represalias por sus decisiones y actuaciones. Este tipo de comportamiento no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también puede tener un impacto disuasorio sobre la participación democrática y la gobernanza local. Las amenazas y la violencia verbal son un claro indicativo de que algo fundamental está fallando en el sistema político de la región.
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