Presidente de Colombia, Gustavo PetroSe opuso a las críticas del sector de izquierda tras el bombardeo militar en Guaviare que provocó la muerte de siete menoresquienes, según las autoridades, fueron reclutados por disidentes de las FARC bajo seudónimos Ivan Mordisko. Petro defendió la operación, aseguró que principio de distinción y describió las acusaciones como «críticas infundadas».
El contexto del ataque
El bombardeo tuvo lugar el 10 de noviembre de 2025 en la selva del departamento de Guaviare, luego del operativo militar ordenado por Petro contra estructuras disidentes de las FARC. Como se confirmó Oficina del Comisionado de Derechos Humanos Y medicina legalal menos hay algunos entre los muertos siete menorestodos identificados como adolescentes. Además, las Fuerzas Armadas informaron haberlos encontrado en un campamento donde se realizaba el servicio militar obligatorio.
Ministro de Defensa Nacional, Pedro SánchezTambién defendió la operación, afirmando que la amenaza era «inminente y grave» y que los bombardeos se llevaron a cabo en «estricto cumplimiento» del Derecho Internacional Humanitario (DIH), aplicando los principios cuidado, proporcionalidad, necesidad militar, humanidad Y distinción.
A la operación aérea le siguió una fase terrestre durante la cual, según un informe de las Fuerzas Armadas, fueron «rescatados» tres menores supervivientes bajo control de la disidencia.
La respuesta de Petro a las críticas de la izquierda
Petro apuntó directamente a sus críticos de izquierda que han condenado la muerte de los menores, diciendo que las críticas provienen «incluso desde dentro de su propio campo político» y calificando las acusaciones de «infundadas». Por ejemplo, un senador Iván Cepedadel Pacto Histórico -espacio aliado del presidente- publicó un tuit en el que rechazó el bombardeo y lamentó la pérdida de siete jóvenes.
La defensa del presidente fue que el operativo era necesario para evitar una emboscada: según sus versiones –algunos 150 combatientes de Mordisco se dirigían a atacar a un grupo de varias personas 20 jóvenes soldadosy decidió actuar para proteger las vidas de estos soldados. Petro admitió que fue una decisión «arriesgada»: «Me arriesgué para salvarles la vida», anunció en su cuenta X (antes Twitter).
Respecto a la acusación de que su gobierno había violado el principio de distinción (es decir, separar a los combatientes de la población civil), Petro rechazó firmemente este concepto: afirmó que «no había civiles» en la zona bombardeada: era una zona controlada por disidentes, por lo que en su opinión no se podía romper ninguna distinción.
Además, el presidente lamentó la muerte de menores: «Por supuesto, cada muerte de personas, especialmente de menores, es lamentable», admitió. También asumió la responsabilidad política de la operación, asegurando que era él quien tomaba la decisión y que los riesgos eran coherentes con su papel como jefe de Estado.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
El Oficina del Comisionado de Derechos Humanosla voz de su dueño, Iris Marinafue particularmente crítico. Marín sostuvo que si bien los disidentes pueden reclutar menores, aún así deberían poder emplearlos protección reforzada bajo el DIH y que las fuerzas armadas deben tomar «todas las precauciones posibles» para minimizar los daños y prevenir ataques desproporcionados.
El Congreso ya ha anunciado posibles consecuencias políticas: algunos parlamentarios solicitaron un voto de censura al Ministro de Defensa Nacional, mientras que Oficina Legal investiga si hubo faltas disciplinarias durante la operación.
Debate político
El episodio desató un intenso debate sobre la coherencia de Petro. Varios analistas y opositores recuerdan que había criticado atentados similares en el pasado, incluso cuando estaban en el poder gobiernos de derecha.
Para algunos, la defensa actual significa un cambio radical en el enfoque de las cuestiones militares y de seguridad.
Por otro lado, sus defensores creen que la operación, incluso a costa de perder la vida de jóvenes, forma parte de una ofensiva justificada destinada a controlar grupos armados que suponen una amenaza real para las tropas estatales y la seguridad nacional. El propio Petro enfatizó que asumir riesgos es parte de «recuperar territorio».
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