Durante el escándalo, por presunto abuso sexual que tuvo lugar en «Hogar Infantil Canadá» -Dede F – ubicada en la ciudad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, se creó una nueva ventaja, que encendió un debate público sobre ética institucional y protección de los derechos.
El caso era conocido en mayo de 2025, cuando varias familias informaron a las autoridades sobre el comportamiento extraordinario de sus hijos. Después de las evaluaciones psicológicas y las opiniones del Instituto de Medicina Jurídica, se estableció que al menos tres niños de los tres años fueron víctimas de abuso por parte del maestro Freddy Arley Castellanos Velasco, quien fue capturado y enfrenta una supuesta objeción por acceso corporal abusivo y actos sexuales con menos de 14 años.
Desde ese momento, Margie Espinel, madre y portavoz de las familias afectadas, se convirtió en una figura central en defensa y visibilidad del caso. Sin embargo, informó que había recibido ofertas personales del director colombiano del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), Cáceres astridInterpretó este espinel como un intento directo de intimidarlo o silenciar la voz.
Según la historia de Espinel recopilada por el almacén SemanaCáceres sugirió elegir un «respiro», ofreciendo un viaje a «conocer el mar», asistencia financiera a través de envíos en una cuenta bancaria e incluso la oportunidad de trabajar en ICBF. Estas palabras gobernarían durante la reunión el 8 de mayo en la sede institucional, con un par sentimental de Espinel actual, que también confirmó las ofertas.
Antes de la queja pública, Cáceres respondió con las redes sociales: negó categóricamente que hubiera alguna oferta ilegal, y dijo que esto era solo cuidado psicosocial y gestión social, sin intención de perturbar el derecho de las familias a derrotar.
La discrepancia entre los testimonios causó ansiedad en varios sectores: para algunas víctimas exceden la línea ética, a la partida de un funcionario de alto nivel durante el juicio. Para otros, este sería un gesto incomprendido en el contexto de una crisis extrema. En cualquier caso, la Oficina del Fiscal General ya ha abierto una investigación anterior sobre los hechos.
Hoy, mientras continúa la demanda de Castellanos (con el presunto agresor privado de libertad y su defensa tratando de ser inválido), también se enfoca en ICBF y el director, cuya intervención permaneció en el centro de debate sobre las fronteras institucionales, la transparencia y la obligación del estado de proteger a las víctimas sin generar conflictos.
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