Alcalde habría proporcionado contratos millonarios irregularmente.
Escribiendo
El alcalde de Castilla La Nueva, Lenito Castro, se encuentra bajo un intenso escrutinio debido a las inquietudes sobre la gestión de recursos públicos a través de contratos millonarios. En particular, se ha señalado su relación con la compañía JM SAS Stocks and Transport. Durante el año 2024 y el inicio de 2025, esta empresa habría recibido un total de 9 contratos que suman más de $3,737 millones. Tal situación ha levantado serias sospechas sobre la legalidad de estos acuerdos, especialmente teniendo en cuenta que solo hubo siete personas involucradas en la formalización de estos contratos. Esta situación ha suscitado advertencias sobre posibles irregularidades en la contratación pública.
Recluta
Es importante señalar que contratar directamente no es ilegal por sí mismo. No obstante, el uso repetido de un único proveedor puede contradecir los principios fundamentales de diversidad y transparencia en las ofertas, aspectos que están claramente establecidos en la legislación vigente desde 1993. El principio de transparencia es esencial para garantizar que todos los contratistas tengan una oportunidad justa de competir y ser considerados para los contratos públicos. La actual situación parece poner en entredicho esos principios.
Milena Virguez Parrado, quien actúa como representante legal de la compañía JM SAS, es conocida en su comunidad como residente del municipio de Acacías. Sin embargo, según informes no oficiales, también se le atribuye un papel como presunto testaferro de Jorge Oswaldo Echeverry Ramírez, un exministro asociado con el gobierno de Mapiripan en 2023. Esta conexión ha llevado a preguntas sobre los intereses verdaderos detrás de la operación de la compañía. Echeverry, quien permanece sin imágenes en el sistema SIGEP y evita la atención mediática, podría estar controlando realmente las operaciones contractuales que la compañía lleva a cabo.
Dinero
Los contratos adjudicados en esta controversia aparentemente abarcan unos montos que van desde $35 millones hasta $2,572 millones, destacando que esta última cifra está destinada a la organización del Festival de Agricultores y la Cultura Llanera, programado para mayo de 2025. La creciente cantidad de contratos otorgados a una misma compañía alimenta la sospecha de que se busca evitar la competencia, lo que podría resultar perjudicial para el interés público y la transparencia en el uso de los fondos públicos.
Ante estos hechos, los ciudadanos han exigido a un comandante, así como a la oficina del Ministro de Justicia y al fiscal pertinente, que lleven a cabo una investigación exhaustiva para determinar si hay violaciones en los términos contractuales, fallas o incluso relaciones inapropiadas entre los funcionarios y los contratistas. Estas acciones podrían interpretarse como delitos, que incluyen la imposición de tasas de interés inapropiadas y otras irregularidades que demandan atención inmediata para asegurar la correcta administración de los recursos públicos comprometidos.
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