En los últimos días, la opinión pública colombiana se ha centrado en el escándalo, que incluye filtraciones digitales, vínculos entre altos oficiales y funcionarios de inteligencia y medidas disciplinarias por parte de actores estatales. Uno de los núcleos de la controversia es una pregunta que muchos se hacen: ¿Fue Wilmar (Wílmar) Mejía quien recomendó al presidente Gustavo Petro el reintegro al servicio militar activo del general(r) Juan Miguel Huertas? Versiones públicas, las mismas fuentes oficiales y reportajes periodísticos permiten reconstruir la historia con matices, contradicciones y acciones institucionales en curso.
Lo que dijo Wilmar Mejía
Wilmar de Jesús Mejía –director operativo o director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), según diversas reseñas– ha admitido públicamente que conoce al general Huertas y que en un momento “lo defendió” para su regreso tras el retiro del oficial en 2021. Esta afirmación aparece en entrevistas y reportajes en los que Mejía explica cómo surgió su relación y qué papel jugó al presentar o apoyar la idea de reintegro. Esta versión fue recogida por medios nacionales, que publicaron comunicados y versiones oficiales.
Los orígenes del escándalo: archivos y novedades del apodo «Calarcá»
El episodio que desencadenó la investigación fue una publicación periodística que vinculaba comunicaciones y archivos incautados a una red de disidentes bajo el seudónimo «Calarcá» con menciones a funcionarios y funcionarias. Según estas investigaciones (que citan correos electrónicos, chats y capturas de pantalla recuperadas de dispositivos incautados durante el operativo), existen registros que mencionan al general Huertas y propuestas comerciales e instalaciones logísticas. Los medios que publicaron los informes sostienen que esa documentación fue el motivo para iniciar investigaciones fiscales y disciplinarias.
Respuestas oficiales: desmentidos y acusaciones mutuas
En respuesta a estas publicaciones, el general Huertas negó firmemente cualquier vínculo con grupos armados ilegales y afirmó que no cooperaba con los disidentes. Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó estas versiones de «falsas» y en sus declaraciones públicas acusó injerencia o manipulación de inteligencia externa, señalando incluso a la CIA como iniciadora de supuestas campañas para «purgar» personas de su gobierno. Estas reacciones muestran que el tema también ha adquirido una dimensión política y diplomática, con demandas y contrademandas del Ejecutivo.
Investigaciones y medidas administrativas
Ante la gravedad de la publicación, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación y en los últimos días anunció medidas preventivas: la suspensión temporal tanto del general Juan Miguel Huertas como del funcionario de la DNI Wílmar Mejía, en espera de que concluya la investigación disciplinaria. Al mismo tiempo, la Fiscalía y el Ejército señalaron que existen líneas de investigación -penal y disciplinaria- para determinar responsabilidades, y el Ministerio de Defensa señaló que respetará las decisiones de las autoridades competentes.
Contexto institucional y político
El caso no es aislado: llega en un momento de gran sensibilidad respecto de la relación entre el Estado, las Fuerzas Armadas y las bandas disidentes. Huertas fue derrocado en el gobierno anterior y reinstalado en el actual, hecho que ya ha provocado debates sobre los criterios para el reintegro y el papel de las autoridades civiles en las decisiones militares. Por su parte, Mejía ha sido objeto de cuestionamientos por su rápido ascenso de informante a altos cargos dentro de la DNI, agregando confusión a las discusiones sobre los procesos de nombramiento y control en las organizaciones de inteligencia. Además, actores internacionales y aliados diplomáticos están interesados en esclarecer los hechos.
¿Qué hay que resolver?
Las pruebas publicadas por los medios hasta el momento provienen de documentos encontrados durante el operativo contra la disidencia «Calarcá»; Sin embargo, el proceso judicial y disciplinario aún debe determinar la veracidad, autenticidad y alcance de estos registros, así como si realmente constituyen evidencia de una conducta criminal o si existen interpretaciones alternativas. Se pide a las autoridades competentes (fiscalía, procuraduría general, militares) que revisen las cadenas de control, los contextos y la rendición de cuentas, y cualquier conclusión tendrá consecuencias penales, disciplinarias y políticas.
¿Qué significa esto en la práctica?
- La afirmación de que Mejía «representó» a Huertas está documentada en declaraciones periodísticas, pero no constituye en sí misma prueba de irregularidad; Esta es otra pieza del rompecabezas que involucra conversaciones y documentos interceptados.
- Las medidas provisionales (suspensiones) tienen como objetivo garantizar la transparencia del proceso y no implican una condena inmediata; Son temporales hasta que se aclare la información.
- Si las investigaciones confirman filtraciones de inteligencia o complicidad, las consecuencias serán muy graves y afectarán la confianza institucional, la cooperación internacional y el control sobre los actores armados.
Solicitud
La respuesta corta es: Mejía dijo que apoya el regreso del general Huertaspero esta información es parte de una investigación más amplia que incluye documentos publicados por la prensa y diligencias iniciadas por la Fiscalía General, la Fiscalía y las propias Fuerzas Armadas. Ahora prevalece la cautela investigadora e institucional: las autoridades deben establecer obligaciones basadas en pruebas y procedimientos, no sólo en publicaciones. Seguramente seguirán apareciendo noticias en las próximas horas y días, y las conclusiones finales dependerán del resultado de las investigaciones oficiales.
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