En el centro de la ciudad de San Ignacio, la jurisdicción de Barranca de Upía (Meta), se otorgó un acuerdo para $ 1,380 pesos a la construcción de un tribunal sintético, cuya ejecución se cuestiona debido a la supuesta falta de una trama en la que se pronosticaba el trabajo. Según las quejas de supervisión del ciudadano, el contrato se firmó a fines de noviembre de 2023, en los últimos días del entonces alcalde de Isabel Betancourt Álvarez, aparentemente sin contar la disponibilidad legal de la tierra.
Diseño
Los documentos vistos por Veedurías indican que el proyecto se cometería sin claridad con respecto a la propiedad, lo que planteó dudas sobre el proceso de planificación e implementación. La comunidad de San Ignacio, que esperaba aprovechar la escena deportiva, expresó su preocupación por el silencio de la administración actual.
Sin una declaración
El alcalde Frede Enrique Castro Gómez no hizo declaraciones oficiales sobre el estado del contrato o sobre los pasos que deben observarse para garantizar la transparencia del proyecto. La falta de información fue cuestionada por los líderes de la comunidad y la Organización del Control Social, que anunció la intención de enviar el caso a la Oficina del Fiscal General.
Aunque hasta ahora no hay investigaciones formales abiertas, se espera que las autoridades competentes determinen si hubo posibles irregularidades en la contratación pública. Mientras tanto, en San Ignacio no hay tribunal, tierra ni respuestas claras.
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