En la estaca de Campin – adicional

Alerta de Bernal por pérdida de millonarios después de un contrato con una empresa privada

Recientemente, se ha firmado un contrato millonario entre la provincia y la compañía de esencia, cuyo objetivo es establecer y operar el estadio Nemesio Camacho El Campín. Esta situación ha desencadenado nuevas controversias en el Consejo de Bogotá, donde la ministra, Ana Teresa Bernal, ha iniciado una serie de críticas contundentes dirigidas hacia la falta de transparencia en la estructura de dicho acuerdo. La situación es aún más alarmante dada la pérdida económica que enfrenta la ciudad y la incertidumbre que rodea a decenas de empleados y comercios que, a lo largo de la historia, han tenido un rol vital en este evento deportivo.

En una reciente reunión del comité de planificación, Bernal subrayó que el acuerdo, que supuestamente debía ser «libre» para la ciudad, conforme a lo declarado por la administración, en realidad involucra una pérdida millonaria para el Instituto del Distrito de Recreación y Deportes (IDRD). “Quieren vender la idea de que Bogotá no pierde nada con esta alianza pública y privada, pero eso no es cierto. Solo en términos de ingresos por alquiler, se dejarán de percibir más de 12,000 millones de pesos anualmente”, enfatizó.

Más allá de los números, Bernal también levantó la voz respecto a la posibilidad de conflictos de intereses involucrados en este proceso. Condenó el hecho de que el actual gerente de la compañía de esencia, Jaime Luque, había sido asesor del IDR y, además, participó activamente en el diseño del modelo de contrato que ahora lidera del sector privado. «Esto es una situación crítica. Alguien que formó el modelo público ahora se encuentra al frente de la compañía que se hace cargo de la operación del estadio. Este asunto debe ser objeto de una investigación seria por parte de las autoridades competentes”, advirtió, proponiendo formalmente una consulta sobre el tema.

La Ministra también enfatizó la carencia de información clara sobre la participación ciudadana en este proceso. Se han elevado solicitudes de derechos para obtener registros de las supuestas tablas técnicas proclamadas por el IDR, así como para exigir explicaciones sobre la forma en que se garantizó la representación de los vecinos, empleados, sindicatos y productores informales. «Lo que tenemos hasta ahora son promesas opacas y vagas, así como un modelo que parece haber sido diseñado con anterioridad, sin considerar a quienes realmente forman parte del tejido social y laboral en torno al estadio», expresó.

Empleados, el gran contrato olvidado

Uno de los aspectos más preocupantes que ha expuesto la ministra es el futuro laboral de los empleados y sindicatos que actualmente trabajan en El Campín. «Nadie ha dicho cuál será su destino. ¿Habrá una transferencia? ¿Se consultó de alguna manera en el nuevo modelo? ¿O simplemente quedarán fuera?», cuestionó. Bernal advirtió que este tipo de transformaciones debe garantizar que se respeten los derechos adquiridos, evitando que los cambios se utilicen como excusa para una precarización del empleo.

Además, Bernal expresó su inquietud por el Bogotá Filarmónica, que debería haberse beneficiado de este proyecto, pero que hasta ahora solo ha recibido espacio para realizar pruebas. «Una ciudad como Bogotá necesita iniciativas que fortalezcan el sector público, no que lo debiliten. Existe una gran oportunidad para integrar el deporte con la comunidad, que ha sido perdida en este proceso», argumentó.

Finalmente, la Ministra concluyó su discurso demandando que la modernización de la infraestructura no se interprete erróneamente como un sinónimo de privatización. «No nos oponemos al desarrollo, pero estamos en contra de un modelo de ciudad que antepone los beneficios privados a los intereses públicos. El Campín representa una contribución significativa a la cultura popular de Bogotá, y hoy, su futuro parece haber sido delicadamente decidido detrás de puertas cerradas, sin considerar a aquellos que verdaderamente viven y trabajan aquí», concluyó.

Bernal instó a una revisión exhaustiva del acuerdo, exigiendo que el alcalde Carlos Fernando Galabán responda con total transparencia a cada una de las inquietudes que ha planteado el consejo.

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