En un contexto político lleno de tensión y debate, ha emergido un proyecto de reforma constitucional que ha causado controversia en Colombia. Este proyecto propone la legalización del transfugismo político, lo que permitiría a los congresistas cambiar de partido cada cuatro años sin temor a sufrir sanciones o la pérdida de su escaño. Sin embargo, esta propuesta ha perdido impulso en las horas recientes, a medida que se intensifica el rechazo en el Congreso. El Proyecto Transfuguismo, que inicialmente parecía tener un camino abierto, ahora enfrenta considerable resistencia entre los partidos políticos.
El senador Alejandro Chacón, quien es el autor de esta iniciativa, ha reconocido la sorpresa que les ha generado la oposición: «Nunca esperamos que pasara del quinto debate, desde el principio fue complicado abrir la discusión», manifestó. A pesar de haber avanzado en el proceso legislativo, logrando superar cinco de los ocho debates necesarios, la propuesta enfrenta un panorama adverso debido a la oposición de varios partidos, quienes han manifestado su decidida intención de votar en contra.
Partidos como el Conservador, el Partido U, Cambio Radical y el Centro Democrático han sido claros al expresar su rechazo. Cada uno de estos bancos ha comunicado que consideran que el proyecto socava los principios del sistema político y la fortaleza de la institucionalidad democrática en Colombia, lo cual podría tener efectos negativos en la estabilidad del país.
El rechazo de los partidos políticos ralentiza la iniciativa; El Proyecto Transfuguismo pierde su fuerza en el Congreso de Colombia
La senadora Nadia Blel, líder del Partido Conservador, fue categórica al afirmar que este proyecto no contribuye a fortalecer el sistema de partidos y que su introducción en el calendario político actual, antes de unas elecciones cruciales, es inadecuada. El Partido U reiteró su postura en contra: «No apoyaremos un proyecto que comprometa la unidad ideológica de nuestra comunidad», señalaron en un comunicado. Además, voces críticas dentro del Congreso, como las de Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical y Angélica Lozano de la Alianza Verde, han cuestionado abiertamente el contenido de la reforma, en particular la cláusula que otorgaría al Consejo de Estado la competencia para sancionar dobles militancias, trasladándolo a manos de los partidos políticos.
Angélica Lozano no dudó en calificar la reforma como un «ataque a la justicia electoral», mientras que Motoa advirtió sobre la creación de un escenario de impunidad política que podría debilitar aún más el sistema de sanciones vigente por parte de la Corte Suprema.
Puede estar interesado: se casaron: Liss Pereira y Ricardo Quevedo están celebrando su amor
¿Un favor de un pacto histórico? Las alertas están encendidas
Existen preocupaciones en torno a que esta reforma beneficie al pacto histórico, otorgándoles la posibilidad de consolidarse como un bloque con un estatus legal singular, además de facilitar la reelección de varios de sus miembros. A pesar de las inscripciones de proyectos que sugieren esto, Chacón ha desmentido cualquier insinuación de que haya un «mico» oculto en la propuesta. «Lo que estoy haciendo es restablecer la ley constitucional que se perdió en 2009. No hay trampa ni beneficios ocultos», aseguró el senador. Sin embargo, la inquietud persiste, especialmente porque la reforma afectaría el artículo 107 de la Constitución, lo que podría eliminar los mecanismos de justicia en casos de doble militancia.
Incluso la senadora María Fernanda Cabal, quien inicialmente apoyaba el proyecto, se ha retractado tras un análisis más profundo de sus implicaciones. «No votaré a favor. Hay elementos que ponen en riesgo nuestra democracia», manifestó.
10
