El 11 de junio, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto de 639 de 2025, con el cual recuerda la consulta nacional popular el 7 de agosto. Estas consultas se esfuerzan por el hecho de que los colombianos gobiernan una serie de reformas de trabajo destinadas a extender los derechos y fortalecer la formalización del empleo. Sin embargo, la llamada causó un debate legal y político porque el Senado se negó a hacer un concepto favorable para hacer esta consulta.
Según la constitución política de Colombia, un llamado a las consultas populares nacionales requiere, entre otras, el concepto anterior y favorable del Senado de la República. En esta ocasión, el Senado no emitió este concepto, lo que condujo a preguntas sobre la legalidad del decreto presidencial. Los expertos del derecho constitucional advierten que la omisión de este paso puede afectar el principio de la distribución del poder y el proceso del juicio.
Teniendo en cuenta que esta controversia, el Registro Nacional de Estado Civil, la entidad responsable de la organización y la garantía de la transparencia de los procesos electorales, debe emitir el concepto final de rentabilidad de consulta. El Secretario Nacional, Hernán Penagos, anunció que esta semana sería anunciado en el fondo, después de analizar tanto el decreto presidencial como la observación del Senado y los temores planteados por varios sectores de la sociedad.
Además, el Tribunal Constitucional fue llamado a intervenir en este caso. La Corte Suprema revisará la constitucionalidad del decreto presidencial y determinará si la llamada cumple con los requisitos legales establecidos. Esta revisión es necesaria para resolver dudas legales y garantizar que el proceso se adapte a los parámetros constitucionales.
El contexto político en Colombia es particularmente sensible. La polarización entre el gobierno y la oposición ha aumentado en los últimos meses, y el llamado a esta consulta popular se ha convertido en un nuevo punto de tensión. En el decreto, algunos sectores perciben una forma de reformar sin el apoyo del Congreso, mientras que otros consideran esto justificado para realizar la participación de los ciudadanos.
Por otro lado, la opinión pública está dividida. Si bien el sector apoya la consulta como una forma de fortalecer los derechos laborales, otro muestra preocupaciones sobre la posible violación de los procedimientos constitucionales y el impacto que esto puede tener en la estabilidad institucional.
La decisión tomada por el Secretario esta semana será decisiva para el futuro cercano de la consulta popular. Su declaración, junto con el fallo final del Tribunal Constitucional, determinará si el juicio electoral puede desarrollarse o debe ser suspendido hasta que se resuelvan las dudas legales.
«Estudiamos con juicio e información rigurosa, decreto y otra comunicación que recibimos, y a principios de esta semana el registro se pronuncia en el fondo de este asunto. (…) registramos alrededor de 30 demandas ante el estado del estado por una simple invalidez», dijo el registrador de Hernán Penagos sobre la decisión.
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