Santiago. En la última década, se ha documentado el asesinato de al menos dos mil activistas ambientales en todo el mundo, quienes dieron sus vidas luchando por la protección de sus territorios. Alarmantemente, el 85 por ciento de estos crímenes se registraron en América Latina, lo que resalta la grave situación que enfrentan los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente en la región, destacada también por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina y América del Caribe (CEPAL).
En el año 2023, se reportaron 196 muertes de activistas, con una considerable proporción de estos individuos perteneciéndo a comunidades indígenas o afrodescendientes. Este hecho subraya que Latinoamérica continúa siendo la región más peligrosa para aquellos que defienden el medio ambiente y los derechos de las comunidades vulnerables.
Estos alarmantes datos fueron publicados por un informe en la capital chilena y forman parte del documento «Testigo Global 2023/24», elaborado por varias ONG con sede en Inglaterra. Este informe pone de manifiesto la interconexión entre la destrucción del medio ambiente, la corrupción endémica y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se perpetúan en distintos contextos.
Como se destaca en el informe, «América Latina, donde el 85 por ciento de estos crímenes ocurren, se consolida como una de las regiones más peligrosas para quienes defienden el medio ambiente, en el contexto de la proliferación de actividades extractivas y ilegales que carecen de una regulación efectiva». Estas declaraciones resaltan la urgencia de abordar la problemática y establecer medidas que frenen la impunidad.
Recientemente, el tercer foro se llevó a cabo en Saint Kitts y Nevis, donde se congregaron delegados estatales, líderes comunitarios y organizaciones sociales con el objetivo de avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo es fundamental para garantizar la protección de los defensores del medio ambiente en la región.
El informe global 2023/24 pone un fuerte énfasis en la situación crítica en Colombia, donde se registraron 79 asesinatos de activistas. Asimismo, Brasil reportó 25, mientras que México y Honduras tuvieron 18 cada uno, y Filipinas 17. Es relevante señalar que de los 18 países donde ocurrieron estos crímenes, 11 se encuentran en América Latina, lo que ilustra la seriedad de la crisis.
Un representante guatemalteco del JUC, una organización de defensa latinoamericana, subrayó la necesidad imperante de brindar apoyo psicológico y legal a las familias y sobrevivientes de los defensores fallecidos. «Muchas veces las víctimas son mujeres viudas con niños e hijas pequeñas; se encuentran desprovistas de protección ante posibles represalias», advirtió con preocupación.
Por su parte, Jamner Manehuari, coordinador de organizaciones indígenas, expresó que «debemos organizarnos, ya que existe una falta de apoyo estatal en la implementación de regulaciones de protección. El líder indígena no goza de la misma protección que otros», enfatizando la desigualdad en la atención a los derechos de los pueblos originarios.
El Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 y en vigor desde 2021, representa el primer acuerdo regional que busca garantizar la protección del medio ambiente, creando entornos seguros y priorizando la protección de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de su relevancia, solo 17 países han ratificado este acuerdo. Naciones como Brasil, Guatemala, Costa Rica y Perú —donde persisten altos niveles de conflicto— no han dado el paso hacia la ratificación, lo que limita considerablemente su efectividad y alcance en la región.
