El reciente contrato del bailarín y coreógrafo colombiano Nerú Martínez con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) ha vuelto a poner en el centro del debate público la forma en que se implementan ciertos procesos de contratación en el gobierno nacional. El caso generó interrogantes tanto sobre el monto acumulado de los contratos como sobre su cercanía con la primera dama Verónica Alcocer.
Datos oficiales y reportes periodísticos muestran que Martínez firmó un nuevo contrato por aproximadamente 36 millones de pesos el 29 de enero de 2026, apenas dos días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, norma que limita la celebración directa de contratos en períodos preelectorales.
Gracias a esta nueva conexión, la bailarina superó la cantidad de 270 millones de pesos facturados al Estado desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022.
Relación contractual permanente a partir de 2022
El historial contractual de Martínez muestra una relación duradera con Dapre. Desde septiembre de 2022, ha firmado al menos seis contratos más de prestación de servicios, todos bajo contrato directo.
Los números muestran el progresivo crecimiento de los ingresos:
- De 2022 a 2024: Se recaudaron más de 176 millones de pesos.
- En 2024: contrato cercano a los 77 millones de pesos, el más alto registrado.
- En 2025: nuevo contrato por más de 64 millones de pesos.
- En 2026: contrato por 36 millones de pesos vigente hasta julio.
El monto total asciende a más de 276 millones de pesos en menos de cuatro años.
¿Qué funciones desempeña usted en la Presidencia?
Según los documentos contractuales, el propósito de los servicios prestados por Martínez se mantiene sin cambios: apoyar las actividades de bienestar de los empleados dirigidas a los funcionarios de la Casa de Nariño.
Tus tareas incluyen:
- Dinámicas de actividad física y danza («Nerumbas»)
- Estrategias para gestionar la salud mental y el estrés.
- Acciones encaminadas a mejorar el clima organizacional
Estas funciones forman parte de programas internos de talento humano diseñados para mejorar el bienestar físico y emocional del personal de Presidencia.
Cuestiones políticas y debate
El caso generó críticas de diversos sectores, principalmente por tres factores:
1. Contratación directa repetida
Todos los contratos se adjudicaron sin licitación pública, lo que plantea dudas sobre la transparencia del proceso.
2. Cercanía con la primera dama
Martínez es apreciado por su estrecha relación con Verónica Alcocer, con quien colabora desde hace años en el campo del entrenamiento físico.
3. Hora del último contrato
Los críticos interpretan la firma del contrato justo antes de que entre en vigor la Ley de Garantías como una manera de anticipar restricciones legales.
Además, los informes señalan inconsistencias en las declaraciones de propiedad y de ingresos, lo que aumenta las dudas sobre el control y supervisión de estos procesos.
Contexto: otros contratos bajo el microscopio
El caso de Martínez no es aislado. También se dieron a conocer otros contratos de Dapre con personas cercanas al círculo de la primera dama, ampliando el debate sobre el empleo en la presidencia.
Sin embargo, el gobierno argumentó que estos vínculos respondían a necesidades institucionales y estrategias de eficiencia administrativa, particularmente en áreas como el bienestar social y la logística de eventos oficiales.
Debate abierto
Mientras algunos sectores creen que estos acuerdos son necesarios para mejorar el clima laboral bajo la Presidencia, otros cuestionan su importancia ante los recortes presupuestarios y las políticas de austeridad.
Por lo tanto, el caso Nerú Martínez se ha convertido en un ejemplo de un debate más amplio sobre el uso de los recursos públicos, la transparencia en las adquisiciones públicas y los límites entre la confianza política y la meritocracia en el gobierno colombiano.
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