En las últimas semanas, el Congreso mexicano ha sido escenario de un tenso debate político sobre la reforma de México. ley aduaneraTambién llamado derecho aduanero. La iniciativa impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende modernizar, garantizar la transparencia y reforzar el control sobre las operaciones aduaneras, con especial énfasis en combatir la evasión fiscal, el contrabando y el fenómeno conocido como «huachicol fiscal» (contrabando y apropiación ilegal de combustibles).
Este debate ha atraído la atención política porque toca intereses fundamentales en el comercio exterior, la recaudación de impuestos, la competitividad nacional y las condiciones de operación de los agentes de aduanas, entidades cuyas responsabilidades y obligaciones cambiarán significativamente con la introducción del nuevo marco regulatorio.
Contexto y génesis de la iniciativa
La propuesta de reforma surgió del Ejecutivo, que la envió al poder legislativo junto con el paquete económico para 2026, señalando que el actual sistema aduanero tiene fallas estructurales que provocan pérdidas fiscales multimillonarias, y que es urgente su modernización para garantizar los ingresos del Estado sin necesidad de aumentar impuestos.
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen con cambios el 6 de octubre ante las críticas de la oposición, que dijo que la reforma daba demasiada importancia a los agentes aduaneros y dejaba sin sanciones suficientemente severas a los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.
En particular, se negociaron cambios en la validez de las patentes de los agentes de aduanas: la iniciativa preveía inicialmente períodos cortos, pero el dictamen aprobado amplió la validez de las patentes para 20 añosrenovable, y estableció que la certificación de los agentes es obligatoria cada tres años.
La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley el 7 de octubre con 338 votos a favor y 129 en contra en una reunión que incluyó protestas simbólicas de legisladores opositores cuyos carteles hacían referencia al «robo del siglo» y al tema de la huachicola fiscal como eje del discurso crítico. Luego la iniciativa fue enviada al Senado para su análisis y aprobación.
Debate en el Senado y su resultado parcial
El Senado de la República recibió el acta y continuó la discusión. Las comisiones competentes aprobaron el dictamen y todo el Senado lo sometió a votación. En la votación general el proyecto fue aprobado con 78 votos a favor, 37 votos en contra y una abstención; En concreto, obtuvo 77 votos a favor, 38 votos en contra y 1 abstención, y además incluyó una votación provisional que establece su entrada en vigor en enero 2026. El objetivo de este aplazamiento era dejar margen para ajustes técnicos y armonización con el paquete económico de 2026.
El Senado justificó su aprobación señalando que la reforma «fortalece y moderniza la legislación aduanera» y que pretende transformar las aduanas en espacios más confiables, digitales y libres de corrupción. Sin embargo, la oposición condenó el exceso de regulación, los riesgos para la competitividad, la inseguridad jurídica y la asimetría de responsabilidades (que el gobierno no asume la responsabilidad). Advirtieron además que algunas de las causas propuestas podrían resultar en confiscaciones o abusos de poder, o incluso violar obligaciones internacionales de libre comercio.
Como parte del apoyo institucional, el SAT (Servicio de Administración Tributaria) solicitó al Senado apoyar la reforma, argumentando que los agentes aduanales deben desempeñar el papel de «colaboradores» en la recaudación de impuestos.
La aprobación fue ampliamente publicitada como un logro político para el oficialismo, pero también como un punto de tensión con el sector privado y la oposición, que actualmente monitorea cómo serán las reglas de funcionamiento en la nueva normalidad.
Puntos clave de la reforma propuesta
Para comprender el impacto de la nueva ley aduanera, estos son algunos de los cambios más importantes:
- Digitalización y transparencia: Muchos trámites aduaneros deberán realizarse electrónicamente, lo que reducirá la discreción y el contacto físico.
- Responsabilidad compartida: aumenta la corresponsabilidad de agentes aduanales, importadores y exportadores ante infracciones detectadas en fiscalizaciones tributarias.
- Sanciones más duras: Se prevén mayores sanciones, suspensión o invalidación de patentes, incluido el embargo preventivo en caso de incumplimiento.
- Validez de patentes para agentes aduanales: 20 años con posibilidad de prórroga, certificados cada tres años.
- Establecimiento del Consejo Aduanero: órgano colegiado encargado de otorgar, suspender e invalidar patentes y resolver conflictos regulatorios en materia aduanera.
- Entrada en vigor retrasada: La ley entraría en vigor el 1 de enero de 2026, lo que da tiempo para adaptar procedimientos y regulaciones.
Implicaciones políticas, económicas y sociales
- para el gobierno: representa un compromiso central para aumentar los ingresos sin aumentar los impuestos, fortaleciendo la capacidad financiera del estado frente a los desafíos económicos.
- Para el sector privado y agentes aduanales: La reforma genera certidumbre (mayor transparencia regulatoria y digitalización), pero también presión (costos de cumplimiento, certificaciones periódicas, responsabilidad compartida).
- Por la competitividad y el comercio internacional: Los críticos advierten que normas muy estrictas o mal redactadas podrían aumentar los costos de importación/exportación, afectar los flujos comerciales o desalentar la inversión.
- Por la legitimidad institucional: El perfil político del debate resalta el choque de fuerzas entre el oficialismo y la oposición, pero también muestra que las reformas tributaria y aduanera se encuentran entre los temas estatales en los que existe mayor disputa por el poder.
- Riesgo de disputas constitucionales e internacionales.: La oposición advierte que algunas disposiciones pueden ser impugnadas por exceder los poderes constitucionales o violar las obligaciones derivadas de los acuerdos de libre comercio.
Conclusión: presión política y técnica
El debate en el Congreso sobre la reforma arancelaria ha ido más allá de una discusión técnica: simboliza el pulso político en torno a la recaudación, el comercio, la transparencia y el equilibrio de poder entre el Estado y los actores económicos. Aunque fue aprobada por mayoría de votos, la reforma aún enfrenta desafíos: implementación, regulación secundaria, la respuesta del sector comercial y garantizar que no conduzca a abusos o cargas regulatorias excesivas.
Tendremos que seguir de cerca cómo será la versión final después de reservas y ajustes, y cómo reaccionarán los sectores afectados cuando se lance en 2026.
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