La jurisdicción especial de la paz (JEP) condenó a siete ex líderes de FARC por su participación en la política sistemática de secuestro, que influyó en aproximadamente 21,000 personas durante el conflicto interno colombiano. El tribunal determinó que estos secuestros se utilizaron para financiar las operaciones grupales y para facilitar el intercambio de prisioneros, y reconocidas prácticas crueles, como el uso de restricciones, limitando la libertad y las condiciones degradantes de cautiverio.
En lugar de sentencias de encarcelamiento, JEP ordenó a las compañías condenadas que cumplieran con fondos reparadores durante ocho años, incluidas tareas como la desminación en las zonas rurales, la búsqueda de personas desaparecidas y actos simbólicos de reconciliación. La decisión fue obtenida con escepticismo por algunos sectores de las víctimas, que creen que la sanción no otorga plena justiciaEspecialmente por la aparente falta de compensación económica y paterna.
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