Colombia se mueve sobre dos ruedas. Con más de 12 millones de unidades, las motocicletas no solo dominan el National Automotive Park (impresionante 62%), sino que se han convertido en un motor clave para la economía popular y el cambio social. Sin embargo, este crecimiento permanente choca con una realidad inquietante: Alta informalidad en el mercado de ventas de motocicletas usadas.
Este fenómeno, aunque promueve la movilidad individual y el autoempleo en las capas 1, 2 y 3, abre una brecha significativa en las formalidades. En 2024, mientras se registraron más de 800,000 motocicletas nuevas, solo se registraron oficialmente alrededor de 588,000 transmisión de vehículos usados. Esta diferencia sugiere el extenso universo de transacciones informales que exponen a los compradores y vendedores al riesgo legal, mecánico y financiero.
Mercado con desafíos y posibilidades.
La informalidad en la venta de motocicletas usadas causa una serie de problemas: desde Fraude documental y la venta de vehículos con fallas ocultas o documentación judicial, por fraude debido a la falta de apoyo legal. La falta de un sistema de verificación centralizado empeora la desconfianza en estas operaciones.
La digitalización, que ha aparecido numerosas plataformas clasificadas, todavía no formaliza el proceso. Estas plataformas, aunque se conectan con las partes, rara vez ofrecen soporte legal o técnico, dejando la responsabilidad del proceso por completo en manos del comprador y el vendedor.
Soluciones emergentes para un mercado más seguro
Dada esta necesidad de formalidades más grandes, ya están apareciendo iniciativas privadas que están tratando de transformar el panorama. Los modelos intermedios alternativos incluyen tecnologías como Inteligencia artificial Para evaluar, sistemas de verificación técnicos y legales y procesos directos de compra de vehículos con garantía. Este enfoque, adoptado por las plataformas crecientes, tiene como objetivo establecer prácticas más seguras e identificables, cerrando la brecha entre el mercado real y formal.
El desafío es claro: fortalecer las regulaciones, promover prácticas transparentes y seguras y permitir mecanismos que permitan a más ciudadanos acceder a vehículos verificados y apoyo legal. En un país donde una motocicleta es sinónimo de mantenimiento y movilidad, la formalización de este mercado no solo mejorará la seguridad vial y protegerá a los consumidores, sino que también abrirá la puerta a la banca y el acceso al préstamo en sectores históricamente excluidos. Este es un paso fundamental para un futuro más confiable y justo en dos ruedas.
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