Según los informes, Daniel Bargurgan ha recibido un contrato jugoso
Un nuevo escándalo está sacudiendo el Departamento Administrativo de Servicios Públicos (UAESP), y en esta ocasión, el centro de atención es Daniel Barragán, un contratista que, según la ministra Diana Diago, ha logrado beneficiarse indebidamente de un lucrative contrato que supera los 220 millones de pesos. Este contrato se habría otorgado sin que Barragán cumpliera con los requisitos básicos establecidos por la unidad administrativa, lo que plantea serias preguntas sobre la transparencia y ética del proceso de contratación.
El contrato asignado a Barragán, identificado con el código UAESP-004-2024, tenía como objetivo proporcionar soporte especializado en la dirección general de la unidad. Para poder desempeñar ese rol, se exigía que el candidato tuviera estudios de posgrado y más de 97 meses de experiencia laboral en el área correspondiente. Sin embargo, se ha revelado que los documentos presentados como parte de su solicitud solo acreditaban 60 meses de experiencia. La discrepancia en la cantidad de experiencia requerida y la presentada es alarmante, y a pesar de esta evidente falta de cumplimiento, el contrato fue finalmente firmado, resultando en un compromiso de más de 220 millones de pesos.
Relaciones forzadas y vecindad política
Diana Diago ha enfatizado que la UAESP trató de justificar la contratación de Barragán argumentando que su capacitación teórica podría compensar la experiencia laboral que le faltaba. «Una maestría no puede sustituir casi cuatro años de experiencia laboral», cuestionó la ministra, al tiempo que criticaba la situación actual en la unidad. Este hecho no solo refleja irregularidades en una contratación particular, sino que se inscribe en un patrón más amplio de favoritismo dentro de la entidad.
Lo que resulta más inquietante es que esta no es la primera vez que se presentan situaciones similares. En el pasado, se han denunciado irregularidades en la contratación de otros contratistas, como Isabel Camacho, quien se cree tiene fuertes lazos con el director Consullo Ordóñez. En este caso, su historia laboral es igualmente cuestionable, ya que fue asistente de campaña y fue contratada y luego renovada, a pesar de tener un perfil laboral poco claro y limitado.
El caso de Barragán sigue un patrón que recuerda a estas anteriores situaciones. Según las denuncias, su relación con Ordóñez se remonta a varios años atrás, cuando ambos trabajaron juntos en el Banco Central de Santander y en varias unidades regionales. Esta relación personal parece haber influido notablemente en la decisión de su contratación, teniendo en cuenta que no cumplía con los criterios estipulados.
Ejecución repetida con total impunidad
Para la ministra Diago, estas prácticas son la prueba de cómo se abusan los recursos públicos para beneficiar a un selecto grupo con conexiones políticas: «Esto no tiene que ver con meritocracia o transparencia. Es un juego de contratos encadenados que están destinados a beneficiar a amigos del director». La ministra no se detiene ahí, advirtiendo que lo acontecido en la UAESS representa una erosión de la ética institucional y, por ende, una disminución de la credibilidad en los procesos de negociación a nivel regional.
Frente a este panorama, Diago ha solicitado la intervención urgente de los reguladores para establecer un monitoreo más estricto sobre la gestión de los recursos públicos en las ciudades. La urgencia de asegurar una gestión transparente es inminente, especialmente cuando se trata de contratos que involucran sumas tan significativas.
El acuerdo fue de aproximadamente 200 millones de peso, además, el Ministro condena que este funcionario, así como muchos no tienen los requisitos necesarios para la situación.
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