En medio de un agitado debate acerca de la Quinta Comisión del Senado, el diputado del Senado Miguel Barreto, originario de Tolima, expresó su fuerte crítica hacia el servicio policial y grandes empresas como Celsia, señalando su responsabilidad en el contexto del escandaloso tipo de cambio que afecta al país. «Nos están permitiendo a nosotros y a nadie responde», manifestó Barreto, dejando claro su descontento con la situación. Para él, el sistema energético colombiano se encuentra cautivo de un oligopolio que, en lugar de ofrecer servicios de calidad, se dedica a implementar cobros exorbitantes que sólo sirven para llenar sus arcas mientras los ciudadanos deben lidiar con un servicio deficiente y plagado de errores.
Los ciudadanos de Tolima enfrentan reiteradas dificultades. La oscuridad se convierte en una constante, experimentando cortes de energía que pueden llegar a repetirse hasta 12 veces al día. Esta situación ha perjudicado gravemente a dispositivos electrónicos y ha afectado a diversos municipios como Espinal, Chaparral y Mariquita. Sin embargo, ante la necesidad de una respuesta efectiva, los oficiales de policía responden con desdén: «Todo está bien». Esta desconexión entre el público y las penurias que enfrentan los usuarios evidencia un sistema institucional que parece más preocupado por proteger los intereses de las grandes corporaciones que por atender las necesidades de los ciudadanos comunes.
Barreto también condenó que, a pesar de que el país discute sobre la importancia de adoptar energías limpias y realizar una transición energética significativa, las empresas que dominan el mercado parecen estancarse en prácticas obsoletas. La situación se agrava aún más por el hecho de que estas compañías están rechazando licencias esenciales para proyectos solares o eólicos. Con ello, están bloqueando la posibilidad de que Colombia avance hacia una matriz energética más asequible y sostenible. Esta realidad es motivo de gran preocupación y crítica, ya que limita el potencial de desarrollo del país en el ámbito energético.
Como resultado de sus declaraciones, se logró que un representante de la Policía de Servicios Públicos visite Tolima con el propósito de examinar la crítica situación. No obstante, la pregunta que persiste en el aire es si realmente se tomará alguna medida efectiva para solucionar o, al menos, justificar el desastre energético que están viviendo los ciudadanos. La urgencia de una respuesta adecuada se vuelve cada vez más inminente, y los habitantes de Tolima continúan esperando una solución a sus problemas de manera desesperada. La presión social es evidente, y es crucial que las autoridades tomen cartas en el asunto para garantizar que se cumplan los derechos de los ciudadanos y que se exijan responsabilidades a las empresas que han fallado en sus servicios.
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