Bogotá25 de octubre de 2025 – El Gobierno de Colombia emitió una enérgica protesta contra los recientes ataques militares de Estados Unidos a barcos en aguas del Pacífico y el Caribe, calificándolos de “ilegales” y violatorios de la soberanía nacional. La controversia intensificó las tensiones diplomáticas entre ambas naciones y develó un nuevo capítulo de confrontación en la llamada «guerra contra las drogas».
Contexto del ataque
Desde principios de septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones aéreas y navales para atacar barcos que, según dice, estarían vinculados al narcotráfico o a grupos «narcoterroristas» que operan en la región. En octubre, estas operaciones se expandieron al Océano Pacífico, un salto geográfico con respecto a operaciones anteriores en el Caribe.
El gobierno colombiano sostiene que en al menos un caso una embarcación que transportaba a pescadores colombianos fue destruida, suponiendo que estaba involucrada en el narcotráfico, aunque no se han presentado pruebas públicas que respalden la acusación. En respuesta, el presidente Gustavo Petro declaró que los ataques constituyeron un «asesinato» y exigió a sus familiares denunciar los hechos para su esclarecimiento.
La posición del gobierno colombiano
Cancillería de Colombia emitió un comunicado exigiendo al gobierno de Estados Unidos que lo haga detenerse inmediatamente operaciones y que respeten las normas del derecho marítimo internacional, la soberanía nacional y los derechos humanos. Petro también señaló que la presencia militar estadounidense en estas zonas sin una adecuada coordinación bilateral viola el marco tradicional de cooperación y amenaza la estabilidad regional.
El presidente también restó importancia a la amenaza de Washington de imponer sanciones a la ayuda internacional a Colombia, calificándolas de «nada» en realidad, aunque reconoció que suspender la cooperación militar tendría consecuencias.
reacción de estados unidos
Por su parte, la administración estadounidense justificó los ataques asumiendo que se trataba de actividades «antidrogas» como parte de un «conflicto armado» con redes criminales que operan en la región. Sin embargo, analistas jurídicos y de derechos humanos cuestionan la legalidad de realizar bombardeos navales sin transparencia, verificación de la identidad de los objetivos ni garantías procesales.
Implicaciones diplomáticas y políticas
El episodio representa una de las peores crisis diplomáticas recientes entre Colombia y Estados Unidos, dos países históricamente aliados en temas antidrogas. Acusar a Colombia de violar su soberanía y matar a ciudadanos colombianos sin explicación pública ha provocado un debate sobre la efectividad y legitimidad de la estrategia militar estadounidense en la región.
Además, el tema adquiere importancia electoral para Petro y su gobierno, quienes promueven una agenda de soberanía nacional y una crítica al intervencionismo externo; Al mismo tiempo, Washington se pregunta por la continuidad de la cooperación bilateral y el riesgo de que sus acciones sean cuestionadas.
¿Qué sigue?
Colombia pidió a Estados Unidos una explicación formal y advirtió que se podrían considerar medidas diplomáticas o legales si tales operaciones continuaran sin coordinación ante organismos internacionales. A nivel nacional se están iniciando investigaciones para determinar si ciudadanos colombianos han sido perjudicados y el alcance real de las acciones. Mientras tanto, se intensifica el debate en la región sobre el respeto al derecho internacional, la soberanía marítima y la eficacia real de las tácticas militares en la lucha contra el narcotráfico.
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