En medio del actual clima político que envuelve la entrega de las nuevas piscinas olímpicas situadas en 42. Street con Fifth Carrera en Ibagué, el gobernador del banco central, que supervisa la región de Tolima, Alexander Castro, sugirió que este proyecto podría ser un esfuerzo simbólico hacia la cooperación entre los sectores políticos predominantes en la zona.
Castro manifestó que, más allá de la importancia del papel que desempeñan los miembros de los diversos partidos, es fundamental fomentar una colaboración efectiva para el desarrollo del pozo en la ciudad. «Hemos transmitido un claro mensaje en favor de la unidad y la fraternidad. Por encima de cualquier interés particular, lo que realmente importa es nuestra Tierra y Ibagué», afirmó.
La ceremonia de inauguración del evento deportivo fue conducida por la alcaldesa Johana Aranda, aliada del ex presidente del U -Tolima, Andrés Fabián Hurtado. No obstante, Castro también destacó el crucial apoyo de la gobernadora Adriana Magali Matiz y de los parlamentarios del Senado, como Oscar Barreto, argumentando que esta colaboración representa una clara evidencia del compromiso de ambas instancias gubernamentales.
Asimismo, el funcionario describió la entrega de las piscinas como «el mejor alivio» ante el escándalo que se desató en los Juegos Nacionales 2015. Este importante proyecto, que dio inicio en 2022 y está programado para concluir en 2025, ha enfrentado críticas debido a las preocupaciones sobre la asignación de sus beneficios presupuestarios. En este sentido, Castro se mostró firme: «.
El Ministro de Cultura de Tolima también fue contactado para responder a cuestiones relacionadas con la contratación de 369 personas por una suma que ronda los 1.7 mil millones, en el marco del gobierno actual de los municipios tolindenses. Varios portales digitales han criticado lo que consideran una presunta relación personal de Castro con miembros de esta empresa.
A pesar de las acusaciones, Castro negó cualquier favoritismo, aunque reconoció que ha mantenido relaciones profesionales con los gerentes involucrados en la fundación durante varios años. «En nuestra ciudad y departamento, en las áreas del transporte y la cultura, la mayoría de nosotros nos conocemos de casi toda la vida», justificó. Además, defendió la legalidad del proceso diseñado y emitió una advertencia, asegurando que tomará acciones legales contra lo que describió como una «campaña de desprestigio artificial».
Para finalizar, el Secretario General expresó su condena ante lo que considera una campaña sistemática en contra de la desigualdad que afecta a su administración y la tendencia política que representa. Anunció su intención de solicitar una reunión con la oficina del fiscal para abordar esta problemática de forma directa. «Lo que aquí está sucediendo es que intentan construir un caso sistemático y penal que perjudique al gobierno», afirmó contundentemente.
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