Abel Mendoza, diputado municipal, hizo una contundente declaración en un pleno del consejo municipal donde alertó sobre supuestas coacciones políticas y administrativas que, según señaló, se repitieron en el periodo preelectoral al interior de distintos organismos públicos del municipio. El lobista insistió en que el problema no es nuevo y que los reguladores son plenamente conscientes de la situación, sin que hasta el momento se observen mejoras materiales.
Mendoza aseguró que algunos funcionarios están siendo presionados para favorecer intereses políticos especiales, ya sea cancelando contratos unilateralmente o imponiendo más proyectos que no estaban previstos en los acuerdos originales. En su opinión, estas actuaciones afectan a la legitimidad de la Administración y ponen en peligro a quienes acaban firmando o ejecutando decisiones sin las garantías necesarias.
Llamado
El ministro hizo un digno, pero contundente llamado a frenar cualquier presión a funcionarios públicos con fines electorales. Señaló que la burocracia no puede ser utilizada como herramienta para obtener favores políticos y que los ciudadanos deben poder decidir libremente, sin interferencias gubernamentales irrazonables.
Al mismo tiempo, mencionó que los trabajos de gestión son burocráticos y por lo tanto se necesita una mayor conciencia institucional y ética general, especialmente en la gestión de recursos y proyectos municipales.
Garantía
Abel Mendoza enfatizó que la responsabilidad penal, disciplinaria y jurídica recae directamente en los concejales cuando aprueban recursos, por lo que exigió respeto al rol del consejo. También cuestionó el hecho de que algunas secretarias se atribuyan el éxito de proyectos financiados con fondos aprobados por la empresa.
Finalmente, insistió en que es necesario pasar de la retórica a la gestión real, especialmente en temas sensibles como la legalización de los asentamientos, un problema histórico que, dijo, no permite más dilaciones y requiere voluntad política activa.
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