El Plan de Planificación Territorial (LON) se encuentra actualmente en una etapa crítica que corresponde al diagnóstico de los ciudadanos, un proceso que tiene como objetivo «identificarse junto con diferentes sectores, problemas territoriales y sus posibles soluciones». Este diagnóstico civil es esencial, ya que servirá para fortalecer el diagnóstico técnico existente dentro del territorio. Sin embargo, las declaraciones relacionadas con este proceso han dejado ver múltiples preocupaciones, que van desde la participación ciudadana hasta aspectos de urbanismo y los intereses generales de la administración actual. La transformación de los territorios debe tener en cuenta las normas que sean más resistentes y adecuadas a las realidades sociales, económicas y ambientales. Sin embargo, a menudo se ha constatado que estos enfoques, basados en experiencias previas y análisis históricos, han contribuido muy poco o incluso nada en la mejora de las condiciones tanto naturales como sociales que los territorios y sus habitantes requieren.
Es fundamental que los actores oficiales, la parte técnica y urbana en el ámbito de la construcción, trabajen conjuntamente con otros sectores sindicales que se encargan de la creación de pautas más amplias. Especialmente es necesario que la voz civil se escuche a través de diversas formas de participación en la constitución y en la normativa legal vigente. Se debe destacar que tanto el espacio urbano como rural no pueden ser gestionados de manera uniforme, como si se tratara de una ciudad de hierro que ignora las particularidades de cada zona. La planificación territorial es un trabajo complejo que debe articularse con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Por ejemplo, se deben habilitar y preservar ecosistemas como el Parque Nacional Los Farallones, el cual representa un territorio privilegiado para la vida humana, en conjunto con la Reserva Forestal Protectora Nacional de Los Ríos Cali y Meléndez. Esto permitirá capturar una visión clara del futuro, priorizando la sostenibilidad ambiental y la protección de los recursos hídricos, fundamentales en una ciudad que alberga siete ríos nacidos en sus tierras.
Sin embargo, es cuestionable cómo se puede pretender transformar la ciudad y su territorio sin considerar las voces de sus ciudadanos. Ignorar a los seres humanos—quienes son el verdadero propósito de la planificación territorial y el urbanismo—lleva a situaciones como la gentrificación. Este fenómeno, que se manifiesta a través del desplazamiento de residentes y la sustitución de inmuebles por costosas unidades habitacionales, ha creado un mercado inmobiliario burbujeante que podría resultar en colapsos económicos futuros.
Además, el director de planificación ha señalado un gran conflicto relacionado con la tierra en el territorio, donde el crecimiento descontrolado de restaurantes y bares se ha vuelto un desafío regulatorio. La desaceleración del crecimiento urbano se asocia a la activación de tierras que se ha distorsionado. Este crecimiento anárquico es un legado de políticas urbanas erróneas de administraciones pasadas, que desatendieron la necesaria integración de la industria como motor de crecimiento y desarrollo económico de la ciudad.
La Junta de Gestión parece no tener una visión clara de la realidad sobre la construcción de viviendas, oficinas, recreación, y centros comerciales. Este desinterés se traduce en la falta de respeto por los paisajes, el medio ambiente y la provisión de servicios públicos, causando un deterioro en la calidad de vida de los habitantes y contribuyendo a una serie de problemas de contaminación y caos urbano. La construcción desmedida y sin regulación está afectando los ecosistemas vitales de la región, limitando el desarrollo sostenible en el área.
Los ciudadanos de Cali, que no forman parte de la élite del poder político, social, económico y cultural, deben asumir un rol activo en la construcción de un entorno urbano más saludable. Esta implicación asegurará que las decisiones tomadas en las diversas administraciones busquen la defensa, recuperación y protección del entorno tanto rural como urbano en el distrito de Cali. La nueva planificación territorial no debería ser un documento extenso y complicado, accesible solo para expertos en arquitectura y urbanismo, sino que debe ser comprensible y representativa de toda la población caleña.
La realidad de la ciudad de Cali exige un diagnóstico participativo que tome en cuenta las voces de todos los sectores sociales, y que esté basado en un entendimiento claro de las causas profundas de los problemas urbanos. De esta manera se podrá evitar el aumento de las desigualdades en el sector de la construcción y el urbanismo, protegiendo así el patrimonio natural y cultural de la ciudad, que actualmente enfrenta desafíos enormes en medio de un entorno caótico.
Por ende, la actualización de los planes territoriales debe realizarse junto a la participación activa de los ciudadanos, asegurando que sus intereses y necesidades específicas sean atendidas. Sin este tipo de involucramiento, el proceso se convertirá en una mera formalidad desconectada de la realidad y las necesidades correspondientes, perpetuando así el problema de la escasez de agua y la inseguridad alimentaria en Cali. Es crucial incorporar regulaciones que protejan la biodiversidad, particularmente aquellas que conciernen a la vasta área rural de la ciudad que acumula la mayor parte de sus recursos acuáticos y biológicos. Todo esto deberá llevarse a cabo sin descuidar el objetivo de desarrollar viviendas sociales adecuadas en las zonas rurales, las cuales han sido sistemáticamente ignoradas en el pasado.
Al reformular el plan, la atención debe centrarse en los sectores de la ciudad más vulnerables y donde el crecimiento ha ocurrido de manera desordenada. La nueva planificación debe abordar de forma efectiva los problemas relacionados con el agua y ofrecer soluciones de mitigación que beneficien a todos los ciudadanos y no solo a unos pocos. El documento resultante debe ser un reflejo de la vida y las necesidades de la comunidad, tal como se establece en el PND de 2022-2026. Esto requiere urgentemente un compromiso genuino de todas las partes involucradas, reflejando la realidad urbana de Cali y permitiendo que el control de los ciudadanos sobre el gobierno público sea un principio indispensable para garantizar la democracia y la convivencia social.
Cali, 8 de marzo de 2025. Años
La implicación ciudadana activa es la piedra angular para materializar verdaderamente la democracia y fomentar una convivencia social armónica y sostenible en la ciudad.
