Recientemente, una sentencia dictada por el general de la República ha resultado en la renuncia forzada de Yoany González Tricos, quien hasta ese momento ocupaba el cargo de director del Secretario General de la empresa de servicios públicos Perla del Manacacias. Esta decisión se encuentra relacionada con una sanción reconocida en un exhaustivo estudio que se inició en el año 2016. Durante ese período, González Tricos estaba al frente de la empresa de servicios públicos del municipio anexo de Puerto López (Esterto). Entre los años 2016 y 2019, la gestión de González en Esturerto fue objeto de inquietudes, particularmente debido a su relación con el entonces alcalde Víctor Bravo, quien tuvo un papel fundamental en las investigaciones que llevaron a esta condena.
La sentencia de carácter fiscal, emitida por el general el 11 de diciembre de 2024, ha sido confirmada recientemente, y esta obligó a González a presentar su renuncia al cargo que desempeñaba en Perla del Manacacias. Este veredicto no solo representa una crisis personal para González, sino que también plantea interrogantes sobre la administración interna en la empresa pública y su futura dirección.
Garantía fiscal
La investigación que culminó en la condena de González Tricos abarcó una serie de irregularidades relacionadas con la gestión de ejecutivos en la dirección de la compañía de servicios públicos de Espero. Aunque los detalles específicos de estas irregularidades aún no se han hecho públicos en su totalidad, el fallo del inspector indica que durante el tiempo de servicio de González Tricos en ese municipio, se originaron graves perjuicios fiscales que impactaron negativamente en el sector público.
Las sanciones impuestas a González no solo tienen repercusiones en su vida personal, sino que también cuestionan la eficacia de los procesos internos del servicio público de Perla del Manacacia, donde su liderazgo estuvo bajo revisión hasta su salida. La responsabilidad fiscal en circunstancias como estas generalmente implica sanciones económicas significativas y descalificación para desempeñar funciones en cargos públicos, lo que puede repercutir de manera desfavorable en la carrera y reputación del individuo involucrado.
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Por otro lado, la renuncia de González crea una oportunidad para que se evalúe de forma más detallada la gestión actual de la empresa de servicios públicos Manacacias. Este cambio en la administración tiene el potencial de iniciar una serie de mejoras que podrían contribuir a optimizar los procesos internos, incrementar la transparencia y asegurar que no se repitan las circunstancias de gestión que llevaron a esta condena. La esperanza de los residentes de Puerto Gaitán se centra en que las autoridades pertinentes tomen las medidas necesarias para garantizar que el servicio público en Perla del Manacacias se maneje de manera adecuada y responsable, promoviendo la confianza nuevamente entre la comunidad y sus administradores.
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