Muerte anunciada en la misma secretaría gubernamental
El 2 de noviembre de 2021 en la comuna de Busbanzá se vivió un día que marcaría a toda la comunidad. Este lugar, ya conocido por su ambiente de violencia, fue escenario de un terrible crimen que dejó a muchos en estado de shock. En esa jornada fatídica, fue asesinada Edilma Adame Calderón, una mujer valiente que dedicó gran parte de su vida a servir como bombero. Edilma había decidido acudir a una Conciliación con su expareja, William Alexander Terán Adame, lo que resultó en una tragedia.
Preocupada por su seguridad, Edilma había denunciado previamente la situación de violencia que vivía y solicitado eliminación de bonos, esperando que se garantizara su protección. Sin embargo, el sistema de seguridad falló estrepitosamente. Su agresor logró ingresar al Ayuntamiento de la ciudad armado con cuchillos sin que nadie lo detuviera, lo que resultó en un ataque mortal. Después de cometer el crimen, el mismo agresor se quitó la vida usando el arma con la que atacó a Edilma y falleció poco después en un centro de salud.
Relación rota, muchas quejas … y sin armadura institucional
De acuerdo con información no oficial que circuló de manera rápida entre los medios, se supo que Edilma había terminado su relación con su agresor unos meses antes, y que había comenzado una nueva vida sentimental. Este nuevo episodio podría haber actuado como el desencadenante del crimen.
Además, Edilma había presentado quejas previas con respecto al abuso que sufría a manos de su expareja, lo que intensifica la gravedad de la omisión por parte de las autoridades municipales en seguir protocolos de seguridad. Su ausencia en estos procedimientos se ha convertido en un foco de atención para su comunidad. Edilma era madre de tres niños que no eran producto de su última relación, quienes desde el inicio del proceso legal han clamado por justicia ante el feminicidio que terminó con la vida de su madre.
REPRESIONES DE JUSTICIA: El municipio debe pagar $ 1 mil millones
En un reciente fallo del tribunal administrativo de Boyacá, se dictó una resolución en contra de la comuna de Busbanzá, atribuyendo la responsabilidad institucional por el feminicidio. Esta decisión se fundamenta en la falla de seguridad que permitió al agresor ingresar con un cuchillo a una oficina pública.
El monto a pagar como consecuencia de esta omisión asciende a $ 1 mil millones de pesos, sumando una cifra preocupante que representa el 40% del presupuesto total de Busbanzá.
«Tendremos que dejar de realizar otras actividades necesarias»: el alcalde de Rodolfo Torres
El actual alcalde de Busbanzá, Rodolfo Torres, ha expresado su preocupación al afirmar que la decisión del tribunal se deriva de un proceso dejado por administraciones anteriores. En una entrevista con medios locales, comentó:
«La situación fiscal de la comuna no pasa por el mejor momento, evaluaremos cómo responder, pero ciertamente tendremos que dejar de realizar otras acciones necesarias para la operación de la comuna», indicó el mandatario.
Implicaciones legales: ¿Qué falló? ¿Quién responde?
El Código Penal Colombiano es explícito en cuanto a los deberes del estado en situaciones de omisión. Si bien el agresor es considerado responsable directo del delito, el Artículo 90 de la constitución establece que el estado debe responder por el daño causado a través de acciones u omisiones de sus agentes.
En este caso, la falta de protección previa y la ausencia de protocolos adecuados en la oficina del alcalde se convirtieron en los elementos centrales que desembocaron en esta decisión judicial.
Este fallo es un llamado de atención monumental para las administraciones locales. Deben entender que los protocolos de protección para mujeres en riesgo no son simplemente opcionales, sino que constituyen una obligación legal y, sobre todo, un deber moral.
Crimen en la oficina del alcalde. Arma blanca. Bono ignorado. Y ahora un fracaso histórico, que le cuesta a Busbanzá el 40% de su presupuesto.
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