Un verdadero terremoto político sacudió a Magdalena este jueves. El Consejo de Estado invalidó a Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Banco Central en el período 2024-2027, tras encontrarlo responsable de haber gestionado fuerzas políticas dobles durante la campaña electoral. Esta decisión ha causado un revuelo profundo en la política local, generando tensiones entre diferentes sectores y cuestionando la legitimidad de diversos actores en el panorama político del departamento.
El fallo, realizado por la Liga de Quinta y presentado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, reveló que Martínez había anunciado públicamente su apoyo a dos candidatos del Partido U: María Charris y Miguelina Pacheco. Este acto es particularmente problemático ya que Martínez estaba oficialmente registrado por el movimiento de la fuerza ciudadana, lo que contraviene las normas de transparencia y lealtad política que deberían regir en el ejercicio del cargo público.
En un evento crucial que tuvo lugar en septiembre de 2023 en la aldea olímpica de Santa Marta, se evidenció su apoyo a otra colectividad política, lo que flagrante y claramente infringe las disposiciones administrativas establecidas en la Constitución y la Ley 1475 de 2011, que rige la financiación de campañas electorales y la ética en las transacciones públicas. Esto nos lleva a cuestionar la integridad de los procesos electorales en el país y la responsabilidad de los líderes políticos.
El video que lo cavó políticamente; Rafael Martínez: El Consejo de Estado invalidó la elección del gobernador de Magdalena
La decisión del Consejo de Estado se sustentó en un video que muestra a Martínez pronunciando declaraciones que claramente respaldan a los candidatos del Partido U. En el video, se le escucha decir: «Vamos a apoyar el número uno para el consejo” y «¿Qué parte?”, a lo que el público reacciona gritando «La U», lo que se interpretó como un apoyo electoral explícito. Esta evidencia fue contundente y desempeñó un papel crucial en la determinación del tribunal.
El tribunal citó a Martínez para que se explicara sobre su declaración. Sin embargo, este alegó no recordar exactamente sus palabras y mostró dudas sobre la autenticidad del video presentado. No obstante, la sala concluyó que tanto el audio como el contenido del video evidenciaron un comportamiento que era incompatible con las normas de su comunidad política y la responsabilidad que conlleva su cargo.
Adicionalmente, se decidió excluir otras posibles causas de invalidación, como la supuesta incapacidad en la contratación pública, dado que no se corroboraron con evidencia concreta y suficiente. La resolución del Consejo de Estado no solo resuena en el ámbito político, sino que también establece precedentes sobre la actuación y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Este fallo será el Formulario E-26 Gob, el cual reveló su elección, y ahora el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de nombrar un nuevo Gobernador que asuma el cargo. Este nuevo escenario plantea interrogantes sobre el futuro político de la región y la necesidad de una toma de decisiones rápida y efectiva para evitar un vacío de poder.
Puede estar interesado: capturan alias «John»: el presunto líder de transporte del tren Aragua
Reacción de iluminación: Petro y Martínez estallaron contra el fallo
Desde la red social X, Rafael Martínez ha condenado lo que él denomina una «persecución política», alegando que factores tradicionales y «narcotraficantes» están detrás de su destitución. «Lo que no obtienen en las encuestas, lo entienden en los escritorios”, escribió en un post que intensifica el debate sobre las tácticas utilizadas en la política colombiana.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro también criticó la decisión, argumentando que la invalidez viola derechos humanos fundamentales. Además, recordó momentos en los que el Consejo de Estado protegió su propia posición cuando enfrentó situaciones similares en el pasado durante su mandato como alcalde de Bogotá.
“Ya han vencido al gobernador colombiano de Magdalena… Esta es una agresión de las organizaciones,” expresó el presidente de Boyacá, aludiendo a la aparente lucha interna entre diferentes facciones políticas. Esta situación plantea un futuro incierto para la liga y deja en suspenso si se convocará a elecciones anormales o se establecerá una nueva cita gubernamental.
9
